La presidenta del Tribunal Electoral del Chaco, María Luisa Lucas, aseguró que la medida cautelar para suspender el voto electrónico “responden a un planteo caprichoso e irresponsable del intendente Jorge Capitanich”, resaltando que “en un primer momento aceptó nuestras decisiones y después, por meros intereses electorales, pretendió desconocer sus propias acciones”.
Así defendió el accionar del órgano jurisdiccional con competencia electoral y recalcó: “la facultad que nos otorga la Constitución provincial no se ejerció en forma arbitraria, sino que cada acta estuvo fundada en argumentos sólidos”.
Estos argumentos fueron volcados en el escrito de contestación del expediente de la Municipalidad de Resistencia c/ Tribunal Electoral s/amparo y medida cautelar interpuesto en el Juzgado Civil y Comercial N° 21.
Lucas consideró «necesario insistir que todo el daño financiero que invoca la intendencia se hubiera evitado si adhería a la invitación del Poder Ejecutivo de realizar los comicios municipales coincidentes con las generales como lo hicieron 56 de los 65 municipios de la provincia del Chaco».
Además, recordó que en los comicios generales del 13 de octubre para elegir gobernador, vicegobernador y diputados “habrá 695 mesas y 213.046 electores que votarán con la BVE. Por lo cual estas actitudes interesadas del intendente capitalino solo llevan confusión a la sociedad”.
“También tenemos que recordar que una eventual segunda vuelta se desarrollaría el 10 de noviembre, la misma fecha prevista por los municipios que desdoblaron su elección. Ese fue el motivo que llevó al Tribunal Electoral a implementar el 100% de BVE en ellos y no recibimos queja alguna sino hasta después de las PASO nacionales”.
“Es un reclamo absurdo”
Lucas enfatizó que se trata de un “reclamo absurdo” porque “el mismo accionante recibió respuesta del Tribunal Electoral el 31 de julio y no formuló planteos con lo cual quedó firme y consentida nuestra decisión”.
“Ello demuestra en forma meridiana que no existe peligro actual e inminente, requisitos ineludibles para plantear un amparo, ni verosimilitud en el derecho suficiente como para justificar el despacho favorable de una medida cautelar”, agregó.
Por otra parte, Lucas recordó que “no es solamente el Tribunal quién lo considera de tal forma, sino que también lo dijo Jorge Capitanich cuando siendo gobernador vetó la Ley 7590 que prohibía la implementación del voto electrónico en la provincia con el argumento de que ‘se considera necesario su implementación… utilizando el uso de la tecnología digital para emitir el sufragio, lo que otorga certeza en la elección ya que, se considera que el procesamiento del voto (registro, validación y recuento) es rápido y preciso, se reduce o elimina la probabilidad de errores humanos, especialmente en el recuento de los sufragios, y facilita la operación a personas mayores o con cierto grado de discapacidad, si el aspecto visual, el diseño y la simplicidad del funcionamiento de la máquina así lo permite’”.
Lucas resaltó que “el intendente de Resistencia alega una supuesta imposibilidad y emergencia económica, sin aportar pruebas o fundamentación suficiente en tal sentido, sumado a la falta de criterio en esgrimir un monto certero del costo de la elecciones en formato boleta electrónica, expresando números antojadizos que oscilan entre 100 y 120 millones sin acompañar el presupuesto que lo indique, siendo en su caso un obrar cuando menos negligente en no presupuestar las elecciones desdobladas que en uso de sus facultades lo ha realizado, quedando en meras manifestaciones de imposibilidad económica”.
En ese sentido consideró que el jefe comunal “arriesga generar una situación de gravedad institucional con un planteo caprichoso e irresponsable, por cuanto pretende invadir competencias propias, exclusivas y excluyentes del Tribunal Electoral”.
