El pago del monto acordado sigue sin efectivizarse, y en consecuencia los choferes continúan con la medida de fuerza. Desde la UTA responsabilizan al gobierno provincial.
El Gran Resistencia afronta desde el pasado viernes una histórica medida de fuerza de 96 horas sin transporte público, la que donde todo indica que la medida continuará durante el martes.
En esa línea, Raúl Abraham dialogó con TN24, donde confirmó que “Todo sigue igual en la misma situación. Es por eso que la medida continúa por tiempo indeterminado”.
No obstante, sostuvo que “Mañana posiblemente tengamos alguna novedad, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta, y mucho menos del gobierno que es lo que nos llama la atención, porque es el gobierno quien tiene que transferir los subsidios”. Y agregó “pero nos llama la atención el silencio que hay, no nos convocan para explicarnos siquiera que es lo que pasa”.
Luego se refirió a la posibilidad de una reunión con la Dirección de Trabajo, advirtiendo que “son cosas que se dicen, pero no hay nada oficial. Lo que si no estamos de acuerdo con la posibilidad de una conciliación obligatoria, porque el conflicto aquí no amerita esa convocatoria. Una conciliación obligatoria es cuando se discuten paritarias y/o salarios, pero esto es un monto que ya está acordado y significa parte del salario de los trabajadores. Y eso no es todo, mensualmente estamos amenazando con medidas de fuerza para cobrar en tiempo y forma, y este caso es excepcional porque nos pidieron tiempo, una semana, hasta el 12 de septiembre, incumpliendo también con esto, faltando el respeto de los trabajadores”.
Finalmente, informó que son alrededor de 900 trabajadores los que esperan este pago.
El reclamo es por un monto extra acordado el pasado 5 de septiembre (si bien no hay confirmación oficial, sería un «bono» de 10.500 pesos para cada trabajador del sector), el cual los empresarios aseguran no estar en condiciones de afrontar.
En esa línea, tampoco la provincia quiere hacerse cargo de esto por lo que los choferes decidieron tomar esta medida de fuerza, que perjudica a miles de chaqueños que no pueden movilizarse con normalidad; afectando de este modo el normal desarrollo de clases, realización de trámites y otras complicaciones.
Los empresarios sostienen que no cuentan con los fondos necesarios para pagar este dinero, y en la misma línea el Gobierno también advierte que no puede hacerse cargo de este pago.
De acuerdo a los datos recabados, el monto final para destrabar el conflicto es de alrededor de 10 millones de pesos. En el medio, es importante el número de personas que no pueden moverse con normalidad.
