Se lo acusa de terrorismo y levantamiento contra el gobierno. La resolución de la justicia del país andino, firmada por dos fiscales de la ciudad de Cochabamba, llega casi un mes después de que el gabinete interino que le sucedió en el poder presentara una denuncia por «sedición y terrorismo» contra el exmandatario. La orden insta a policías y funcionarios públicos a que aprehendan y conduzcan a Morales ante la Fiscalía Anticorrupción de La Paz para prestar declaración por la presunta comisión de esos delitos.
La acusación contra el dirigente cocalero, que gobernó Bolivia durante casi 14 años, se basa en el supuesto intento de alentar los bloqueos a las principales ciudades, impidiendo así el paso de alimentos y combustibles. Bolivia atravesó por una oleada de fuertes protestas tras la salida de Morales el pasado 10 de noviembre. Este dejó su cargo forzado por el Ejército y días después abandonó el país. Se fue a México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le había ofrecido asilo, y allí se encontraba durante las movilizaciones. El gabinete de la presidenta interina, Jeanine Áñez, difundió entonces la grabación de una llamada telefónica en la que el expresidente supuestamente daba indicaciones a unos seguidores para cortar caminos. Los bloqueos aislaron durante días La Paz y la contigua ciudad de El Alto, uno de los principales escenarios de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La escasez de gasolina fue el primer efecto. La represión de los militares, que fueron eximidos de responsabilidad penal por un decreto ya retirado, dejó decenas de muertos y cientos de heridos.
Ya en ese momento el exmandatario calificó de «montaje» la investigación. «A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos», cargó desde su cuenta de Twitter. Morales reclamó el martes desde Buenos Aires su derecho a volver a su país con vistas a la convocatoria de elecciones presidenciales -aún sin fecha- tras la anulación de los comicios del pasado 20 de octubre, en los que la auditoría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) detectó varias irregularidades y «manipulación dolosa» de las actas. «Si plantean elecciones libres, que me dejen entrar a Bolivia. No voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política”, solicitó en una comparecencia ante la prensa.
Sin embargo, la orden de arresto complica ahora el regreso del exmandatario a la primera línea. El Gobierno de corte ultraconservador de Áñez, que asumió en medio de acusaciones de golpe de Estado, se empleó desde el primer día en debilitar el aparato del Movimiento al Socialismo (MAS), el antiguo partido oficialista, y puso en marcha una campaña para acorralar al entorno de Morales. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsable de la política de seguridad, se estrenó en el cargo anunciando la «cacería» de rivales políticos.
La propia Áñez, del Movimiento Demócrata Social, prometió en una de sus primeras alocuciones como presidenta que no habría persecución de adversarios. Pero ya entonces, antes de presentar una denuncia, quiso dejar claro que el líder indígena se enfrentaría a sus responsabilidades en caso de regresar. “Ahora resulta que ya están demandando que venga cuando nadie lo echó del país. Él se fue solo, […] él sabe que todavía tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana”, dijo. «Si el presidente Morales vuelve, que vuelva, pero él sabe que también tiene que responder con la justicia. Resulta que nosotros lo que vamos a exigir es que la justicia boliviana haga su trabajo».
Fuente: El País
