Se sancionó la Ley 3101-A, autoría de legisladores de la bancada oficialista, con el objeto de transferir bienes inmuebles propiedad del Estado Provincial a la Municipalidad de Resistencia, con la finalidad de llevar adelante un Plan de Desarrollo Urbano Integral (PDUI), cuyo principal objetivo es “prever el crecimiento ordenado, integrado y sostenible de la ciudad, manteniendo la gran reserva del área sur ambientalmente sustentable, generando una nueva centralidad respondiendo a la gran demanda habitacional y de servicios de manera integral” según los fundamentos de la norma.
“Los objetivos particulares del PDUI son dos: en primer lugar la Integración urbana y el mejoramiento del hábitat de todos los barrios, villas y asentamientos que se dieron espontáneamente en las últimas décadas de manera irregular ante la ausencia de políticas de planificación territorial y por falta de acceso a la tierra de gran parte de la población, especialmente el sector de bajos recursos económicos” explican los autores.
“En segundo lugar el desarrollo urbano y crecimiento de la ciudad hacia el sur, de manera ordenada y planificada, como respuesta al gran déficit habitacional y a la demanda de espacios para equipamientos complementarios que, a su vez, servirá para controlar la formación de nuevos asentamientos informales” agregan.
La norma establece que las autorizaciones “se efectuaran con cargo de que la Municipalidad de Resistencia, desarrolle programas de mejoramientos barriales y desarrollo urbano, planes de viviendas, infraestructuras de servicios habilitaciones de parque y plazas públicas, unidades educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias desarrollo de actividades deportivas y todo otro fin publico complementario para el desarrollo de la ciudad”.
La Ley fue sancionada con 18 votos positivos y la abstención del diputado Paredes.
