Lázaro Báez aún no puede conseguir la libertad. Con el cese de la prisión preventiva en la causa por la “ruta del dinero k” que había motorizado el jueves la Cámara Federal de Casación Penal, el dueño de Austral Construcciones buscó conseguir la excarcelación en otras causas en las que está preso. Pero el fiscal federal Guillermo Marijuán se opuso a esos planes y dijo que aún podía entorpecer la investigación.
Y el juez Sebastián Casanello lo convalidó. «Mientras era investigado por este juzgado (entre otros), Lázaro Báez clandestinamente desafiaba la legalidad”, afirmó el juez.
A criterio del magistrado, el empresario aún tiene capacidad para evadir la acción de la justicia o para influir sobre testigos y otras pruebas. La firma de la resolución de Casanello se concretó pasadas las 18. “Continúan en pie las pautas asertivas de un peligro de fuga no sólo en la abultada expectativa de pena que prevé la figura bajo la que se calificaron los hechos atribuidos (lavado de activos) si no por el resto de las circunstancias acreditadas, como altísima capacidad económica probadas en autos y los contactos como con el extranjero.
«Como dato significativo corresponde prestar atención a los pronósticos de pena realizados por el fiscal Abel Córdoba que superan los 20 años”, afirmó. La etapa de alegatos en el juicio por la ruta del dinero k aún no llegó, pero está en la etapa final del debate oral.
Es más: Casanello aseguró que “en una investigación de delitos de cuello blanco criminalidad económica como esta, esa sentencia en caso de ser condenatoria supone no sólo la imposición de una severa pena de prisión sino también medidas de índole patrimonial tendientes al recupero de activos».
El juez agregó que “en lo que al peligro de entorpecimiento respecta, un correcto análisis de los riesgos no puede dejar de considerar el tipo de comportamiento asumido por el imputado frente a la actuación de la Justicia”. Y en este punto “la fecha de comisión de los hechos aquí atribuidos es sumamente relevante». Es que cuando ya estaban investigado por la causa conocida como “la ruta del dinero k” y se llevaba adelante “una completa investigación patrimonial de su persona y sus empresas”, Báez habría puesto en práctica “la sofisticada maniobra económica financiera y jurídica que aquí se reprocha”.
Además, añadió, “es correcto cuando el señor el fiscal señala que de todo el universo de activos involucrados sólo se ha podido localizar y cautelar una parte”. Y subrayó: «mientras los tribunales locales y extranjeros unieron esfuerzos para lograr identificar y asegurar esos activos, las transferencias siguieron ocurriendo”.
Pero además aseguró que “otra muestra fue el intento fraudulento de cambiar un juez por otro” y señaló que “la farsa fue sostenida por Lázaro Antonio Báez” y habría “contado con la participación de abogados y la sospecha de intervención de personal de inteligencia”. Se refirió así a las versiones que sostuvieron que Casanello había estado en la Quinta de Olivos para reunirse con la entonces presidente Cristina Kirchner. Por esas afirmaciones, dos personas por falso testimonio agravado.
“Debe destacarse que las maniobras de obstaculización no se agotan en la posibilidad de alterar prueba o introducir prueba falsa, amedrentar testigos o destruir documentos. Hay otros modos de entorpecer y evitar la realización de un juicio oral y público”, añadió Casanello.
Un rato antes, el fiscal también se había opuesto a liberar a Báez porque el empresario “aún cuenta con suficientes recursos económicos como para evadirse de la Justicia” y destaca que desde la prisión “efectuó maniobras dirigidas a incrementar y ocultar su patrimonio”.
El fiscal fue muy duro con su colega de Casación, Javier De Luca, quien se había manifestado a favor de la libertad de Báez. Para Marijuán, el empresario “mantiene en la actualidad la posibilidad de entorpecer y eludir la acción de la Justicia”. “Es claro que puede abrir cuentas y/o sociedades en el extranjero y de esa forma realizar operaciones con fondos que son el provecho y el resultado del delito que se investiga”, agrega.
Según los últimos cambios en el Código Procesal Penal, la opinión del fiscal es vinculante sobre la decisión del juez.
Marijuán dictaminó en el caso conocido como “M&P”, donde se investiga una maniobra para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra empresa de la familia Báez.
Ese expediente está en manos de Casanello, luego de que el fiscal pidiera la elevación a juicio.
Báez también tiene preventiva por el caso de El Entrevero, que está siendo analizado por la Cámara Federal para establecer si se confirman o no los procesamientos. El lunes, de hecho, hay una audiencia prevista para escuchar a las partes, indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Leonardo Fariña contó que se utilizó la sociedad uruguaya Traline SA (Maximiliano Acosta era el presidente y luego se otorgó un mandato de disposición general a Maximiliano Goff Dávila). Cuando ya se había roto la relación con el entorno de Báez, el campo quedó a nombre de otra sociedad de nombre Jumey SA, presidida por el contador Daniel Pérez Gadín.
Ayer, a instancias de la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal 4 cesó su prisión preventiva por la causa de la “ruta del dinero k”, en medio del juicio oral que se está desarrollando y que está en la etapa previa a los alegatos. Según Casación, no podía extenderse su arresto que ya lleva tres años y ocho meses.
Fuente: Infobae.
