Entrevista realizada por el Licenciado en periodismo Roberto Espinoza.
El letrado a cargo de la defensa del ex subsecretario de Medios en la gestión de Domingo Peppo respondió a variados interrogantes en torno a la causa en la que su defendido está acusado por delitos vinculados a la administración de la pauta publicitaria estatal.
Para Gaitán «no hay un solo elemento jurídico para justificar» que Butticé continúe detenido después de 22 meses: «En todos los pasillos judiciales por lo bajo me reconocen que Paulo es inocente». Apunta contra la justicia provincial por «flagrantes violaciones a las normas constitucionales y jurídicas» en la causa de su representado. Además concluye que hay una «decisión política» en la justicia para que los detenidos preventivamente lleguen presos al juicio, y que para tal fin «se valen de argumentos falsos». Todo un escenario que lleva al abogado a fustigar contra el proceso judicial de la causa que representa por «desinteresarse» de la búsqueda de la verdad y por ocuparse de la «protección de sus amigos».
-¿Cuál es el estado actual de la causa?
-La causa se encuentra culminada en su investigación desde el 8 de marzo de 2019, cuando el Equipo Fiscal Especial efectuó el Requerimiento a juicio de la misma. Es decir la investigación respecto a Butticé se terminó. Sin embargo en vez de haber elevado a juicio para que se lleve adelante el juicio plenario ante los Jueces de la cámara del crimen, y de esa forma poder demostrar la inocencia de Paulo, siguen con el expediente en sus despachos sin dar cumplimiento a esa elevación, a pesar de los requerimientos de esta defensa y de la orden de la Cámara de Apelaciones para que sea elevada a juicio en forma inmediata. Se fue el año judicial del 2019 sin que eso sucediera.
¿Por qué cree que todavía no se elevó a juicio y siguen con los expedientes «dormidos»?
No hay ningún sustento la demora de los expedientes. La fiscalía aduce nuevas investigaciones respecto de otros imputados, y por otros hechos. Es insólito, ya que si se investigan otros hechos, como por ejemplo lo vinculado a Lotería Chaqueña, deberían hacerlo en una causa nueva, a pesar de que algunos imputados se repitan y otros no. Eso se debería investigar aparte. Caso contrario, como sucede ahora, se está perjudicando aún más el derecho a un juicio justo para Paulo Butticé, que no está implicado en esa nueva investigación.
-Los cargos que se le imputan a Butticé son violación de deberes del funcionario público, malversación de fondos y asociación ilícita. ¿La justicia tiene argumentos valederos para tamaña acusación?
No tiene. No existen elementos de prueba suficientes para sostener tal participación de mi defendido. Estos son delitos donde la figura penal requiere determinados elementos que no existen en la conducta de Paulo.
El delito de la «asociación ilícita» se puso de moda en ciertos tribunales, especialmente en casos que implican a funcionarios públicos. Sin embargo esta figura penal de asociación ilícita en el ámbito de la función pública es muy compleja encuadrarla dentro de una estructura normativa. Eso provoca confusiones a la hora de probar su aplicación pragmática. Por eso esta figura generalmente se limita a casos de organizaciones delictivas reales y no a un mero conjunto de personas que participan de la supuesta comisión de un delito de otro. Por todo esto es que la justicia provincial está muy lejos de probar la existencia de dicho delito.
-Butticé aparece implicado porque todos los servicios incumplidos que se están investigando en el marco de la causa aparecen certificados por él. El mismo Butticé en una carta abierta expresó que su acusación se basa en una incomprensión administrativa. ¿Es así? ¿No le correspondía a él supervisar los contratos publicitarios que avalaba con su firma?
No, porque en primer lugar no existía ningún trámite de supervisión ni de auditoría, sino que el proveedor presentaba sus propios respaldatorios de servicio cumplido bajo su sola buena fe.
Lo que avalaba Butticé con su firma era una tarea delegada de archivo de estas documentaciones, que primero eran recibidas en Fiduciaria, donde mi defendido no tenía injerencia.
En este contexto la certificación es una formalidad. Estaba explícitamente previsto que su firma estaba supeditada a la recepción en forma de los respaldatorios de los proveedores. Una tarea ésta de mero trámite, que lógicamente la desempeñaba el personal asignado para cuestiones meramente administrativas.
En la Subsecretaría de Medios no se disponían los pagos, ni se autorizaban los mismos. Esa tarea correspondía a otros organismos, así que difícilmente mi representado pueda malversar caudales del Estado sin tener la facultad para hacerlo. Repito: La responsabilidad que se le endilga a Butticé en la causa la tenía otro organismo con participación estatal, en dónde algunos están detenidos y otros no.
El meollo de la inocencia de mi defendido se explica muy bien en un parte de la carta abierta que realizó Paulo: «se ve claramente por qué el típico prejuicio del «no podía no saber» es especialmente erróneo en mi caso-al igual que en otros casos también-. Es erróneo porque todo hecho de corrupción está basado en el engaño a un sistema administrativo, y eso incluye el engaño a muchas personas que están condicionadas a actuar en sólo una parte del proceso, y por lo tanto se remite a la confianza del resto. Comparto plenamente el objetivo de la causa pero cada día que paso detenido es un día menos que se hace justicia».
¿Hay fundamentos sólidos para que Butticé siga detenido preventivamente?
No tienen ningún argumento jurídico para ello. Tal es así que el hecho de que continúe detenido representa muchas violaciones a las garantías constitucionales que amparan a Butticé.
Esas violaciones fueron cometidas por los distintos funcionarios judiciales que intervinieron en la decisión política de mantener su encarcelación.
-¿Por qué dice que se trata de una decisión política?
Esto es lo que se deduce de la arbitraria selectividad que existe en cuanto a quién se imputa, a quién se atribuye delitos graves o leves, o a quién se encarcela y a quién no. En este caso, a Butticé sólo lo involucra la participación en el trámite, y en estas condiciones hay muchos otros ex funcionarios que tenían incluso mayor jerarquía e influencias en el manejo de fondos de la pauta estatal que Paulo y están libres o ni siquiera fueron imputados.
Hay otro hecho aún más notoriamente contradictorio en el ámbito de la justicia provincial: un imputado fue liberado meses atrás porque los jueces consideraron que los 14 meses que ya llevaba detenido podrían compensar una eventual pena. Mientras que Butticé está preso desde hace 22 meses, teniendo menos delitos imputados, menos pruebas y sin tener otra causa en el fuero federal.
Además, basta con recordar el escándalo que tomó estado público nacional cuando se difundieron las escuchas del Procurador General de la Provincia, que en dónde el Procurador le decía a uno de los imputados que se «quedara tranquilo» y «que estaba todo arreglado». Ese arreglo significaba abiertamente que ese imputado no iba a quedar detenido, que su calificación legal sería mucho menor al resto de los que ya estaban imputados y detenidos. Y así fue. A pesar de que ese «protegido» del Procurador tuvo una colaboración fundamental como alto funcionario de la Fiduciaria del Norte, puesto en el que había sido designado por el Poder Ejecutivo anterior. Esa maniobra política se vio nuevamente cuando la Cámara de Diputados archivó la investigación contra el Procurador General por este mismo hecho. Fue como una devolución de gentilezas.
La decisión política, en base a los ejemplos que le mencioné, pasa porque todos los detenidos actualmente lleguen al juicio en prisión preventiva, aunque no haya elementos jurídicos para sostener esa decisión. Por eso sostengo eso de las violaciones a las garantías constitucionales de mi defendido Paulo Butticé.
-Violación de las garantías constitucionales de su defendido. Suena fuerte…
-Es fuerte. Sí. Lo es porque en primer lugar dentro de un proceso penal tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos que tienen jerarquía de constitución, prevén que la libertad en todo proceso es la regla general, y se deben arbitrar otras medidas que aseguren que el imputado no se va a fugar o no van a entorpecer las pruebas de la investigación.
En esta causa se han buscado de las más variadas fundamentaciones contrarias al resto del orden jurídico y de la jurisprudencia nacional de tribunales superiores para privar de libertad a Butticé. Incluso para ese fin se dieron razones falsas, que a los jueces de control no les importaron que sean falsas.
-¿Por qué cree que se buscaron esas variadas fundamentaciones contrarias al orden jurídico para detener a Butticé? ¿Sospecha que la decisión política judicial es que su defendido quede detenido con cualquier argumento aún con pruebas falsas?
Si me remito a los hechos que le estoy describiendo la respuesta es tajante: la decisión política es que continúe detenido, a cómo de lugar. Incluso presentando razones falsas.
La decisión política, insisto, es mantener detenido hasta el juicio a mi defendido está tomada. Tampoco importa si para ello se valen de elementos falsos.
Le doy otra prueba al respecto: en la causa de mi defendido tuvieron en cuenta la existencia de vínculos del entorno social y laboral, que posibilitaban supuestamente el ejercicio de influencias para obstaculizar el proceso y trascendencia para la comunidad. Eso tuvieron en cuenta en el caso de Paulo. Lo curioso es que Paulo no tuvo ni tiene esos vínculos influyentes que podían o pueden obstaculizar el procesos investigativo. Si los hubiera tenido deberían haber marcado cueles fueron esas influencias y neutralizarlas. Pero nunca lo hicieron. ¿Por qué? Simple. Porque Butticé no tenía tales influencias que podían trabar la investigación de la causa.
En cambio, contra otros imputados en la misma causa, que son amigos del Procurador, no se tuvo en cuenta eso de las «influencias que pueden obstaculizar la investigación de la causa». Cuando esa amistad con el Procurador es claramente una influencia directa del proceso investigativo.
Así tenemos que Butticé sin tener influencias que traben el proceso de la causa sigue preso, mientras que otro imputado en la misma causa que recibe llamados «tranquilizadores» de parte del Procurador General de la Provincia sigue libre. Este fundamento es otro más entre tantos de los inexplicables en esta causa que emplearon para que Butticé siga detenido preventivamente.
¿Varios argumentos jurídicos inexplicables y falaces contra su defendido? Dicho así es como que está todo decidido de antemano.
Sí. Todo definido a partir de la decisión política de la que le vengo hablando. Sino como se explica otro de los argumentos falaces para que mi defendido continúe detenido: el Equipo Fiscal ha dicho que «analizó el tipo de delitos, las penas previstas en concreto, sumándose a ello las reglas del concurso real y que su sumatoria excedían los tres años de prisión».
Esto quiere decir que para el Equipo Fiscal en caso de condena, «ésta sería de cumplimiento efectivo, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 280, primer párrafo, inciso 1º del Código Procesal Penal». Pero esto es falso.
Técnicamente es incorrecto. Las reglas del concurso real se aplican cuando a un imputado se le atribuyen varios delitos, como si es el caso de Butticé. Pero lo que dice el artículo 55 del Código Penal es que se deben sumar todos los máximos de cada delito atribuido, pero no los mínimos. Se debe tomar el mínimo mayor, y en caso de Buttice el mínimo mayor sigue siendo 3 años. Esto es lo relevante para determinar la prisión preventiva: que el mínimo nunca exceda de 3 años. Esto permite a cualquier imputado no quedar en prisión preventiva, porque si después en el juicio es condenado por esos delitos, le pueden aplicar esos 3 años de prisión condicional permitido por el artículo 26 del Código Penal, y sigue en libertad. En cualquier causa donde el mínimo sea 3 años, quedan en libertad porque la ley así lo permite. En todas las causas, menos en ésta.
-¿Por qué ésta causa representa una excepcionalidad contraria a esas normativas que cita?
Como le decía anteriormente: por decisión política. Y aclaro, no de los políticos, sino de las políticas internas del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. El mandato parece ser que deben llegar todos a juicio con prisión preventiva, menos algunos, que siguen libres y van tranquilos a declarar.
Lo cierto es que para el caso de Butticé los Fiscales no tomaron en cuenta este mínimo de 3 años, sino el máximo posible de la pena que claramente supera los 3 años, y con ése fundamento dictaron la prisión preventiva.
Todo esto representa un fundamento contrario a las normas de jerarquía constitucional, no sólo porque es absurdo dar un razonamiento con el máximo de la pena, que es buscar donde no está permitido, sino también porque se está declarando la culpabilidad por parte de un fiscal o de un juez que no es el que debe hacerlo. Ese poder solo recae en el Tribunal de Juicio, y esto es afectar la Garantía a la Jurisdiccionalidad y al estado de inocencia. Y justamente el juicio no se ha realizado aún porque los fiscales no elevan la causa a ese tribunal desde marzo de 2019. Sin embargo ya lo declaran culpable y adelantan la pena bajo el ropaje de la prisión preventiva, volviéndola inconstitucional.
-¿Butticé tiene alguna causa en trámite investigativo de parte de la justicia federal?
No. Fue uno de los pretextos empleados por parte de la justicia chaqueña para que Butticé siga detenido. Alegan que mi defendido no tenía antecedentes ni registraba causas anteriores, pero que «sí contaba con causas en trámite en la Justicia Federal por delitos distintos, pero iguales sobre su proceder como «funcionario público». Esta es otra falsedad, que ni a los fiscales ni a los jueces les importó e igualmente dictaron la prisión y la confirmaron.
-¿Entonces sólo la justicia provincial es la que traba la excarcelación de Butticé?
Paulo no tiene otras causas abiertas ni en la justicia provincial, ni mucho menos en la federal. Los fiscales suponen esa circunstancia porque otros imputados de la misma causa sí son investigados en el fuero federal. Es claramente mentira lo alegado por los funcionarios fiscales y judiciales de la provincia. La detención de Paulo es para ellos un adelanto de pena. No les importa que eso viole el principio de inocencia.
-¿No le importa a la justicia provincial que se viole la presunción de inocencia que reza la Constitución Nacional con eso de que «toda persona es inocente a que se demuestre lo contrario?
Eso es lo llamativo en esta causa: es abiertamente violatoria de estas garantías establecidas es nuestra Carta Magna. Por ejemplo así fue cuando en su turno el Juez de Garantías número 2, al confirmar la preventiva de Butticé y al rechazar posteriormente el cese de prisión, arguyó que la eventual pena no podría ser condicional. Esto representa una clara violación de las garantías constitucionales de inocencia, porque solo un Tribunal de Juicio puede sentenciar eso, y no un juez de Garantías, que paradojalmente está para velar por el cumplimiento de dichas garantías constitucionales y convencionales del imputado.
Así tenemos que no solo que un juez de Garantías viola notoriamente el Estado de inocencia de mi defendido al declararlo culpable sin un juicio conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que afirma que la detención de Paulo es un «adelanto de la pena». Algo que está prohibido por los tratados internacionales. Otro hecho irregular en la causa contra Butticé: El juez que debía resguardar por las garantías constitucionales de un imputado, las termina violando.
Pero lo más grave es que este accionar del Juez de Garantías número 2 fue reafirmado por las Cámaras de apelaciones y por el Superior Tribunal de Justicia, que confirmaron ésa afirmación del Juez, declarándolo a mi defendido culpable sin haber tenido un juicio.
Entonces lo dejan en prisión para que vaya cumpliendo su sentencia que aún no ha sido impuesta. Todo esto resume el enorme incumplimiento institucional en contra de Paulo Butticé.
-¿Considera que Butticé es un «perejil» al que la justicia provincial le resulta más cómodo investigarlo y detenerlo mientras que otros que UD mencionó, que tuvieron un rol más influyente en la misma causa siguen libres y son «protegidos» por altos funcionarios?
En los pasillos de la Fiscalía y en los de la Cámara de Apelaciones todos saben que Paulo no formó parte de ninguna asociación ilícita o que tampoco permitió que se malverse dinero del Estado. Todos saben que fue usado por otros funcionarios que tenían un cargo jerárquico mayor al de él y abusaron de su buena voluntad. Fuera de esos pasillos nadie puede creer que aún Paulo siga detenido.
Toda esta situación no hace más que reafirmar una voluntad política de la justicia chaqueña que actuó en esta causa sin interesarle la verdad de los hechos. Sino no se entendería porqué se lo incluye a Butticé para dar base a una acusación más grave como lo es la conformación de una supuesta «asociación ilícita», mientras que se deja afuera de esa asociación a otros imputados con más resguardo político que él, y que tuvieron mucha más injerencia en el reparto publicitario estatal.
-¿No se ofreció cauciones o fianzas para que Buticcé recupere su libertad?
Esta alternativa nunca fue considerada en lo más mínimo ni por los fiscales, ni por el juez de garantías ni por la cámara de apelaciones. Es inaudito que no se haya planteado esta posibilidad de una libertad bajo caución o fianza, máxime cuando la investigación ya finalizó y no hay nada que obstruir y en donde se puede asegurar la comparecencia al juicio con una caución importante.
Sin embargo, y a pesar de estar previsto en los tratados Internacionales como en el artículo 9.3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la posibilidad de aplicar medidas cautelares menos graves que la prisión, para asegurar que no se pierdan los fines del proceso, nunca fue una opción para los funcionarios que intervinieron en la decisión de dictar o mantener la prisión preventiva de Butticé.
Esto es otra muestra que ya es cosa juzgada para la justicia provincial el hecho que todos los detenidos preventivamente lleguen al juicio privados de libertad. Como dije antes: ya se lo toma a Butticé como culpable, en la que está cumpliendo su adelanto de pena sin juicio. Una flagrante violación a los preceptos garantistas de nuestra Constitución Nacional.
-¿Hay otra instancia legal posible para apelar y conseguir que Butticé recupere la libertad hasta que se defina una sentencia o ya quedó firme la decisión de que continúe detenido?
Ahora la instancia la vuelve a tener el Superior Tribunal de Justicia. Se ha recurrido en Casación la decisión de la Cámara de Apelaciones sobre el cese de prisión de Paulo. Así que ahora debe resolver nuevamente el STJ.
Más allá de la responsabilidad de Butticé o no en esta causa, lo concreto es que ya ha sido condenado sin juicio previo. No solo por los funcionarios judiciales que les tocó en suerte sino por la sociedad misma, que aún cree sin saber, en la justicia chaqueña.
Espero que el STJ dé signos de esperanza jurídica y revea el fallo de la Cámara de Apelaciones, y permita a Paulo Butticé llegar en libertad al Juicio que tanto estamos esperando, para contar de una vez por todas con la posibilidad de demostrar su inocencia en los cargos que se le imputan.
Después de esto, quedará la instancia de la Corte Suprema, que acogerá los recursos por las flagrantes violaciones a estas garantías constitucionales que, una vez más, dejarán expuesta a la justicia chaqueña.
