Es precisamente la actitud inversa a la que se denunció en sede judicial por parte de los auxiliares del juzgado, a partir de una serie de resoluciones adoptadas desde la AFIP a partir de marzo de 2016 que tuvieron como fin último empujar a la quiebra a la compañía petrolera de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Estévez recalcó que “ha tocado el tema con las máximas autoridades de la AFIP en esta gestión”, refiriéndose a la actual titular del organismo Mercedes Marcó Del Pont, y agregó: “coincidimos plenamente en que contribuyente que quiebra es un contribuyente que no paga más impuestos, que genera desempleo y eso termina siempre en una baja la actividad económica”.
Pero además, el representante del personal jerárquico –algunos de los cuales presentaron el año pasado una nota al exadministrador Leandro Cuccioli apuntando a una persecución judicial interna a partir del caso Oil por procesos legales que realizaban de manera habitual- se refirió a la revelación de Ámbito Financiero referida a las maniobras llevadas adelante durante la era Abad. “Lo que se hizo con el grupo de Oil Combustibles en la gestión macrista tiene todo el color de persecución. Coincido con el síndico del concurso que debe investigarse las órdenes impartidas por Abad y Cuccioli”, indicó a través de un comunicado, y convirtiéndose en la primera voz en ratificar que pudo haber existido un direccionamiento político en la AFIP que se apartó de las normativas en contra de un contribuyente particular.
“Los máximos responsables son ellos y esa conducta tan inéditamente hostil significó al Fisco perder miles de milllones de pesos porque no se les permitió regularizar sus deudas. Está todo a la vista”, precisó. De hecho, la AFIP inició una investigación interna referida a las decisiones administrativas que se adoptaron desde 2016. “Si cometieron una conducta que merezca reproche penal que respondan ante la justicia. Recordemos además que la AFIP de Abad y Cuccioli pese a tener el mejor cuerpo de profesionales del Estado contrató a cifras millonarias a abogados privados como (Ricardo) Gil Lavedra para ocuparse ´personalmente´ del caso. Esto merece ser investigado por la justicia”, reclamó. “Los jerárquicos de la AFIP no cubrimos a los delincuentes”, concluyó el duro comunicado que respalda el inicio de una acción por daños y perjuicios contra el organismo a raíz de su conducta y de forzar la quiebra de la petrolera por parte de los síndicos.
