Por la fuerte repercusión que provocó la exclusión del personal doméstico registrado del cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Gobierno dio marcha atrás y decidió incluir a todos los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, registrados o no por sus empleadores, en el cobro de $10.000 que se deben pagar el próximo mes en el marco de la emergencia por el coronavirus.
Para poder recibir la ayuda, el empleado/a o algún otro miembro del grupo familiar no debe trabajar en relación de dependencia en el sector privado o público. Tampoco debe ser jubilado o pensionado, ni monotributista de una categoría superior a la «C» ni cobrar planes sociales. En tanto, sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Según el último dato del INDEC, en hogares privados con servicio doméstico hay 1.730.000 puestos de trabajo, de los cuales 515.000 están registrados y 1.214.000 son no registrados o informales.
El beneficio de los $ 10.000 no reemplaza el salario de las empleadas registradas. En estos casos, en los cuales los empleadores siguen pagando el salario, la ayuda constituye un ingreso adicional y no sustituye el sueldo.
El subsidio será percibido por un solo integrante del grupo familiar durante el mes de abril. Según explicó Alejandro Vanoli, titular de la ANSeS, en los próximos días, a principios de abril, va a estar el aplicativo para inscribirse desde cualquier celular o computadora.
Los beneficiarios de la AUH no tienen que hacer ningún trámite. Van cobrar en sus cuentas. El resto, incluidos los monotributistas, deberá inscribirse a través de la web y registrar una CBU bancaria. Los que no tienen cuenta bancaria podrán percibirlo a través del correo.
Este subsidio, para los que tienen entre 18 y 65 años, es para los argentinos nativos/as o naturalizados/as y residentes con una residencia legal en el país no inferior a 2 años. Y comprende a personas desocupadas, quienes se desempeñan en la economía informal, monotributistas de las categorías “A” y “B”, monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares.
Además, en forma previa al otorgamiento de esta prestación, la ANSeS “realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de real necesidad del individuo y de su grupo familiar”.
Esas evaluaciones excluyen, entre otros puntos, a los que tienen propiedades o autos por encima de ciertos valores, rentas financieras o gastos superiores a determinados montos en tarjetas de débito o de crédito.
Fuente: Clarín.-
