Según el Sindicato de Trabajadores Municipales, la medida la adoptan porque el intendente no sigue «lineamientos nacionales y provinciales» y «se convoca a la apertura de oficinas públicas y administrativas que no son de servicios esenciales sino más bien obedecen a acciones netamente tributarias».
El comunicado del gremio expresa:
Tal cual surge del minucioso estudio viene realizando el comité de emergencia sanitaria conformado para la ocasión, en la que participan profesionales médicos, abogados e ingenieros, quienes determinaron pautas en base a reglamentaciones sanitarias y legales, por lo que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia pone en conocimiento de sus afiliados y a la comunidad toda sobre algunas medidas equivocas del intendente Gustavo Martínez, que lejos de seguir los lineamientos Nacionales y provinciales, dicta actos administrativos donde se convoca a la apertura de oficinas públicas y administrativas que no son de servicios esenciales sino más bien obedecen a acciones netamente tributarias y/o de régimen internos, medidas estas que claramente atentan, no solo contra la salud de los trabajadores, sino también a la ciudadanía en general, significando una contrariedad respecto al protocolo sanitario a efectos de prevenir la transmisión del Covid-19 (Coronavirus).
El intendente aprovecha la distracción del pueblo provocada por la pandemia, para llevar a cabo algunos arreglos políticos a fines, efectuando convenios dudosos con entidades públicas provinciales, que deben ser tratadas en el concejo municipal, ya que involucra el erario municipal, como así también el ingreso masivo de gente con abultados contratos en la modalidad obra y servicio, montos que promedian los $50.000 (pesos mensuales), entre otras acciones, como contratación de servicios sin los debidos procedimientos administrativos previstos al fin, violando las normativas al respecto, al mismo tiempo y con idéntico criterio, hace nombramientos a dedo de un grupo de personas de dudosa procedencia como coordinadores al mando de Alberto «Tatú» Suárez, agente que pertenece a la cámara de diputados, para intimidar al personal de limpieza, instalándose en oficinas que le corresponde al personal jerárquico.
En consonancia con las atribuciones que esgrime de su poder de jefe comunal, en la órbita gremial, también está haciendo retenciones correspondientes a los trabajadores en los conceptos de cuota sindical, servicio de mutual y aporte extraordinarios, acumulando a la fecha una deuda entre los meses de febrero y marzo, que oscilan los $20.000.000, provocando un terrible daño económico a los trabajadores ya que no se les puede prestar los servicios que habitualmente se hace para paliar la situación crítica que nos afecta a todos.
