La situación se da en el medio de la crisis sanitaria y social que genera el coronavirus. Temen por los riesgos que podría generar la medida en las familias que quedarán en la calle.
En ese sentido, el Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) -dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)- difundió un comunicado al respecto.
El Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino (OCSo-NEA) -dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)- manifiesta su preocupación y considera necesario difundir ante la opinión pública la orden de desalojo a vecinxs del barrio Quilmes de la ciudad de Corrientes en plena emergencia por la pandemia del coronavirus.
Son más de 60 familias -más de 300 personas, la mayoría niñxs, y algunas con discapacidades motrices y/o respiratorias- asentadas del barrio Quilmes, quienes se encuentran en pleno proceso judicial: hay una orden de desalojo a efectivizarse el martes 12 de Mayo. El predio era antes un monte que fue urbanizado por lxs propixs vecinxs del barrio.
Las investigaciones que el OCSo-NEA ha venido realizando en los últimos tres años demuestran el carácter sistemático de esta práctica judicial y gubernamental, que va en contra del derecho a la tierra, la vivienda y el ambiente sano, enarbolados en la constitución nacional y los tratados internacionales con rango constitucional. Por ejemplo -según un primer trabajo preliminar que fue dado en difusión- durante marzo y noviembre de 2018 se produjeron siete (7) desalojos en la provincia de Corrientes, cinco (5) de ellos en la Capital, lo que demuestra que no se trate de hechos aislados.
El enorme déficit habitacional y la creciente especulación financiera en la que el gobierno provincial tiene injerencia -como lo demuestra el frustrado “Plan Costero”- son la principal causa de está problemática cuya única solución estatal ha sido la criminalización, priorizando el interés empresarial -la propiedad privada- a los derechos sociales.
En un contexto de crisis sanitaria y económica donde desde el gobierno nacional, provincial y municipal promueven el #QuedataEnCasa resulta alarmante que pueda producirse un desalojo policial como los registrados en 2018 y 2019 (como el ocurrido en la Tosquera y en Piragine Niveyro) que incluyeron represión policial, uso de topadoras e incendio de casillas: sobre todo en una de las zonas de gran concentración demográfica como el Quilmes, donde además la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas están al orden del dìa.
En este contexto la cuestión del acceso a la viviendas se agravan no sólo por las consecuencias inmediatas que supone el despojo en plena aislamiento social dejando a centenares de hombres, mujeres y niñxs a la intemperie y exponiéndolos no sólo al coronavirus sino también al dengue (que a la fecha ya acumula sólo en la ciudad de Corrientes más de 800 casos).
En la ciudad de Corrientes según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el índice de pobreza llega al 40% siendo la gran mayoría de franja social personas que habitan asentamientos de casas informales (ranchos, casillas) sin papeles de la tierra. Las ocupación colectiva de tierras ociosas, tanto fiscales como privadas, ha sido históricamente un mecanismo de construcción del hábitat para los sectores populares que irrumpe en el ámbito urbano ante la falta de políticas públicas de acceso a la vivienda.
La demanda en la provincia de Corrientes es de más de 43 mil, solo en la Capital hay 20 mil inscriptos en los padrones del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). El déficit estimado desde el Gobierno de la Provincia asciende a más de 65 mil unidades habitacionales mientras que en 2018 se entregaron 200; lo que equivale a menos del 1% de la demanda.
