Avanza la cautelar presentada por Bolatti contra el «impuestazo»: la Justicia evaluará su legalidad

Politica

Con nuevo Tribunal, la Justicia evaluará la legalidad del «impuestazo» de Gustavo Martínez, presentado por el concejal Fabricio Bolatti.

Finalmente, con un nuevo tribunal a cargo, la Justicia de la provincia decidió habilitar el Servicio Judicial de Urgencia ante la situación de pandemia, para evaluar la constitucionalidad y pedido de nulidad del “impuestazo”, lo que constituye una excepción a la suspensión general de “términos” que rige hoy en el servicio de Justicia, dando por iniciado el procedimiento correspondiente para atender la denuncia presentada oportunamente por Fabricio Bolatti, en su carácter de Concejal de la ciudad de Resistencia.

La presentación fue interpuesta por el edil luego de entender agotadas las instancias administrativas y políticas, con las que buscó parar la aplicación de lo que llamó una “ordenanza ilegal”.

En esta oportunidad la presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para pedir se evalúe la legalidad de la norma que impuso un desmedido aumento de impuesto, tasas y patentes a las y los contribuyentes.

“Con estas novedades judiciales, nacen nuevas expectativas de que en forma institucional, y en el marco de la división de Poderes del Estado -lo que constituye una garantía de rango constitucional- se pueda corregir y comenzar a reparar el daño y retroceso que se está dando en el ámbito municipal en los últimos meses”, expresó Fabricio Bolatti al conocer la medida de la Justicia.

“Ésta situación irregular por parte de la gestión municipal se sigue repitiendo y en casos se observa intencionalidad planificada para burlar la voluntad popular y lograr objetivos que están muy lejos de lo que nuestros vecinos demandan al gobierno local», manifestó.

En ese contexto recordó que «el último caso se dio hace pocos días, cuando se instauró otra ordenanza ilegal, que pretende endeudar en $800 millones de pesos al Municipio. Esto es triplicar el stock de la deuda pública que hoy ronda los $430 millones y sin que su destino este claro ni definido como prioridad”, reflexionó el concejal.

Finalmente, Bolatti mencionó que «hace meses cuando esto iniciaba, denunciábamos lo hecho por la magnitud económica y su impacto en los contribuyentes, pero lo más importante y esencial para el futuro de nuestra comunidad, lo constituye la forma o procedimiento usado para generar e implementar la medida, lo que no puede constituir nunca un antecedente firme de tipo legislativo o legal, en una sociedad que pretende ser justa, libre, igualitaria y soberana”, destacó.