Lo resolvió la Sala N° 4 de la Cámara de Casación Federal. Se trata de la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se ha obtenido el fallo favorable más reciente.
Comodoro Py anuló la prisión domiciliaria para los genocidas José Francisco Rodríguez Valiente y Rubén Héctor Roldán. La secretaría de Derechos Humanos y Géneros, a través de una presentación entre la secretaria Silvana Pérez, la subsecretaria Nayla Bosch y el abogado patrocinante Duilio Jorge Ramirez, sostuvo y ratificó ante la Cámara de Casación Federal, Sala N° 4, el recurso de casación contra la decisión del Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOF), que había dispuesto conceder el beneficio a los represores.
“No van a ser toleradas las actitudes oportunistas de los responsables de la última dictadura cívico-militar que en este contexto de pandemia aprovechan para buscar sacar su tajada”, expresó Nayla Bosch.
La funcionaria señaló que las querellas por parte del Ejecutivo chaqueño en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad “son claves en la consolidación de una sociedad efectivamente democrática”, y remarcó: “reafirmamos el compromiso del Estado con la memoria de los desaparecidos y las desaparecidas”.
Junto con los sostenimientos se envió la opinión de víctimas del terrorismo de Estado, tal como lo marca la ley, a través de un escrito de José Luis Valenzuela, Carlos Dante Peinó, Ricardo Alejandro Bacell, Roberto Mario Mendoza, Juan Fernández, José Niveiro y Víctor Fermín Jiménez.
En la resolución de la Cámara Federal se asevera que los delitos atribuidos a Rubén Héctor Roldán y Rodríguez Valiente “constituyen delitos de lesa humanidad”, destacando el precedente generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “En dichas circunstancias, cobra aplicación al caso el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la necesidad de evitar decisiones que pongan en riesgo la responsabilidad internacional del Estado Argentino en relación a las obligaciones de juzgamiento y sanción”, reza el documento.
La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, está litigando en diversas causas de lesa humanidad, en cuatro instancias diferentes: el Juzgado Federal de Resistencia, la Cámara Federal de Resistencia, el Tribunal Oral Federal de Resistencia y recientemente la Cámara Federal de Casación en Comodoro Py. Ésta última es la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es donde se ha obtenido el más reciente fallo favorable.
En todos los casos se está sosteniendo como principio que quienes están cumpliendo condenas por sentencias en juicios de lesa humanidad, y aquellos que están con prisión preventiva en procesos donde se investigan delitos de lesa humanidad, deben permanecer alojados en las unidades penitenciarias y no en sus domicilios, en razón de la extrema gravedad que importan los delitos cometidos por los condenados así como también en la peligrosidad que representaría que los procesados pudieran darse a la fuga u obstaculizar las investigaciones.
El grupo de internos de condenados y procesados en estas causas se encuentran, en su mayoría, alojados en la Unidad Penitenciaria Federal N°7, puntualmente en el pabellón Nº 15. Se encuentra perfectamente adecuado para la seguridad personal y sanitaria de los internos, y subpoblado.
Además, no se han registrado casos de Covid-19 en el sistema penitenciario federal, debido a todas las medidas preventivas que incluso desde antes de declararse la pandemia se fueron tomándose en las unidades penitenciarias.
“Por ende, la permanencia en la U7 no sólo corresponde, conforme a los criterios aplicados para la toma de decisiones sobre las prisiones domiciliarias, sino también a que en la misma está garantizado el acceso a la salud de calidad y constante”, sostuvo la subsecretaria.
