La Oficina Anticorrupción desistió de su rol de querellante en el futuro juicio oral que se realizará por las causas «Hotesur» y «Los Sauces», en las que están procesados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos Máximo y Florencia.
La decisión fue comunicada al Tribunal Oral Federal 5 que prepara ese debate oral por los abogados del organismo Natalia Pereyra y Lucas Trigo, basados en una resolución tomada por su titular, Félix Crous, informaron a Télam fuentes judiciales.
«Conforme surge de la resolución cuya copia se adjunta, registrada como Resolución SSIA N° 3/2020 de fecha 11 de mayo de 2020, el titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa», informaron los letrados en sendos escritos referidos a las causas «Hotesur» y «Los Sauces».
Ante ello, solicitaron al Tribunal que aparte a la Oficina Anticorrupción del rol de querella.
Ante esta decisión, en ambas causas quedan como partes acusadoras la querellante Unidad de Información Financiera y la fiscalía ante el Tribunal Oral.
En su resolución, el titular de la OA, Félix Crous, sostuvo que «la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación».
«Tales conceptos fueron delineados en la RESOL-2018-186-APN-MJ de fecha 7 de marzo de 2018 que, al tiempo de señalar que este organismo debe concentrar sus esfuerzos en aquellos asuntos más complejos» estableció pautas para interpretar los criterios de significación.
Estas pautas son, según la resolución que se acompañó al Tribunal, «importancia del caso para el interés público en virtud de los derechos y garantías fundamentales afectados, población afectada por el daño, estudios de opinión pública, impacto en la sociedad civil y/o medios de comunicación».
También la «relevancia, real o potencial, del daño económico y/o la pérdida financiera», «nivel y jerarquía de los funcionarios públicos involucrados», «casos que permitan identificar nuevos modus operandi, prácticas o patrones criminales, así como que contengan notas salientes de sistematicidad, frecuencia y continuidad del delito o patrón”.
También se aludió a otra normativa del 10 de mayo de 2016 que establece parámetros «a fin de evaluar la continuidad en la participación de la Oficina Anticorrupción como querellante según criterios objetivos de priorización y selección».
Entre ellos está que «los hechos objeto del proceso daten de hace más de cinco años y/o hayan perdido importancia económica (sea por un nuevo justiprecio durante el juicio o por la depreciación monetaria) y/o institucional (por la supresión o modificación de las unidades, dependencia o programas de la Administración Pública Nacional en los que se verificaron los actos lesivos)”.
Además, «debe razonarse que el debido impulso de la acción penal en relación a las mismas, en cualquiera de las instancias procesales que signe su trámite, se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal»
En la resolución se incluyó además el apartamiento de la OA como querellante en otra investigación, la 11904 abierta en el 2014 y en instrucción en el juzgado federal de Julián Ercolini vinculada a supuestas contrataciones irregulares en el hotel «Alto Calafate», de la familia Kirchner, por parte de Aerolíneas Argentinas.
En las causas «Los Sauces» y «Hotesur», se investigan presuntos delitos en el alquiler de propiedades y plazas hoteleras de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con obra y contrataciones públicas durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
El año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que ambos expedientes tramiten ante un mismo Tribunal Oral, el Federal 5.
