La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este martes la continuidad de la huelga en todo el país “hasta que los trabajadores perciban la totalidad de los salarios adeudados de abril último”.
La agencia Télam detalló que el secretario de Prensa de la organización, Mario Calegari, quien explicó que a excepción de la capital salteña, San Juan y las ciudades bonaerenses de Tandil, Olavarría, Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás -donde ya hubo acuerdo- la huelga continuará.
El sindicalista sostuvo que la protesta persistirá hasta el cobro total de los haberes adeudados, más allá de que los dirigentes, los referentes empresarios y las autoridades de la cartera de Transporte mantendrán desde las 14 de este miércoles, una teleconferencia en procura de zanjar las diferencias por el cobro de los choferes.
Caligari sostuvo que no hubo acuerdo en las negociaciones con las cámaras patronales -a excepción de esas ciudades que ya levantaron el paro- y reseñó que la protesta no se realiza en el conurbano bonaerense ni en la Capital Federal.
El dirigente y el secretario general del gremio, Roberto Fernández, rechazaron otra vez «la intransigencia patronal» en «el grave contexto nacional» provocado por la irrupción del coronavirus y condenaron «el injusto trato al personal».
La conducción nacional del sindicato había ratificado el viernes último el estado de «alerta» nacional ante «la ausencia de avances», que tampoco se produjeron e inició a las 00 del martes la huelga general en todos los distritos provinciales.
«Los choferes alineados en el gremio demostraron su compromiso desde el primer momento en la primera línea de los servicios esenciales, en plena pandemia de coronavirus, y no merecen de forma alguna este trato», apuntó Fernández.
El dirigente, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó que luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante, las reiteradas advertencias respecto de la inminente problemática salarial, «los empresarios dijeron no poder pagar».
Para el sindicalista, esa postura patronal es «ilegítima y ofensiva», y «pone en jaque el sustento de 35 mil choferes del interior» de la Argentina, concluyó.
