El Tribunal Superior de Justicia de Brasil investiga a Wilson Witzel y la policía le ha incautado el móvil y el ordenador. El presidente brasileño, en el punto de mira, felicita a la institución.
Este martes, Río de Janeiro ha sido, una vez más, el trasfondo de una operación contra la corrupción. Entre los objetivos de los agentes de la Policía Federal se encontraba el actual gobernador del Estado, Wilson Witzel, investigado por el Tribunal Superior de Justicia por participar en un supuesto sistema de malversación de fondos destinados a la Secretaría de Sanidad.
Específicamente, se habrían producido irregularidades en la contratación de una institución sin fines lucrativos para instalar hospitales de campaña que deberían recibir pacientes con síntomas de coronavirus. Por orden de la Fiscalía, la policía ha incautado el móvil y el ordenador de Witzel, que niega haber cometido ningún delito. Es el sexto gobernador de Río de Janeiro implicado en investigaciones policiales. Hay indicios de que el Gobierno, en Brasilia, ya conocía la llamada Operación Placebo. Jair Bolsonaro, que está siendo investigado por el Tribunal Supremo Federal por, supuestamente, haber interferido en la Policía Federal y es un enemigo político del gobernador de Río, ha felicitado a la policía cuando se le ha preguntado por la operación.
La investigación, abierta el 13 de mayo, la llevan en conjunto el Ministerio Público Federal y la Fiscalía del Estado de Río y tiene en el punto de mira un contrato de emergencia firmado entre el Gobierno de Witzel y la institución Iabas por 835 millones de reales (156 millones de dólares) para construir y administrar siete hospitales de campaña. En la orden judicial, el Ministerio Público declara que existe “una probable participación de la cúpula del Poder Ejecutivo de Río de Janeiro”. La acción la autorizó el magistrado Benedito Gonçalvez y tenía como objetivo 12 direcciones, incluido el Palacio das Laranjeiras (la residencia oficial del gobernador), el Palacio Guanabara (la sede del Ejecutivo), la antigua residencia del gobernador en el barrio de Grajaú y el bufete de abogados de su esposa, Helena Witzel.
La operación forma parte de una investigación por la que, a principios de mes, se arrestó al exsubsecretario de Sanidad de Río, Gabriell Neves, y a otras tres personas sospechosas de malversar fondos públicos en la compra de emergencia de respiradores. El caso, revelado por el periodista Rubens Berta, destapó sospechas de fraude en contratos sin licitación que sumaban un total de 1.000 millones de reales (187 millones de dólares), que debían destinarse a combatir el coronavirus. El mayor, de 835 millones (156 millones de dólares), era un contrato con Iabas. El juez Marcelo Bretas —que coordinó la parte de la megaoperación anticorrupción Lava Jato correspondiente a Río de Janeiro— autorizó el arresto del director de la institución, el empresario Mário Peixoto, el 14 de mayo. Días después, en plena crisis por las denuncias de fraude, Witzel destituyó al entonces secretario de Sanidad, Edmar Santos.
Las pruebas recopiladas por los investigadores federales y estatales se enviaron a la Fiscalía Federal, y la investigación empezó a apuntar directamente al gobernador. En el bufete de su esposa, se encontró un contrato de 540.000 reales (100.000 dólares) con la compañía investigada, que sería uno de los indicios de la malversación de fondos, según el periódico Folha de S. Paulo. El valor debería pagarse en 36 cuotas de 15.000 reales. Witzel niega las irregularidades y acusa al presidente Bolsonaro de persecución política.
Bolsonaro, por su parte, ha felicitado a la Policía Federal por la operación. La superintendencia de la Policía Federal de Río está en el centro del desacuerdo entre el presidente y el exministro de Justicia Sergio Moro, que dejó el cargo acusando a su jefe de querer interferir en el mando de la institución. Debido a esas acusaciones, el fiscal general, Augusto Arasse, solicitó al Tribunal Supremo Federal que abriera una investigación. Tras la dimisión de Moro, el presidente destituyó al director de la Policía Federal y, el mismo día, cambió la superintendencia de Río. En el vídeo de la reunión ministerial del 22 de abril, Bolsonaro también dio a entender que quería interferir en la institución para evitar que las investigaciones involucraran a familiares y amigos. También se especula que el presidente tiene la intención de utilizar la institución contra sus adversarios políticos, algo que él niega.
Fuente: El País
