El bloque de concejales del radicalismo realizó una nueva denuncia contra el ejecutivo municipal. «Seguimos detectando fallas procedimentales, cercanas a la ilegalidad» dijeron, en referencia a un convenio con la Secretaría de Ambiente. «No fue aprobado por el Concejo, lo cual carece de legalidad», advierten.
Los ediles dijeron además: «Tomamos conocimiento sobre la existencia de esta Resolución 579/20, que aprueba un convenio de participación, que se realizó el día 27 de marzo de 2020, entre la Municipalidad de Resistencia y la Secretaría de Territorio y Ambiente de la Provincia del Chaco, firmado por el Intendente y la Lic. Marta Soneira, con el objetivo de que el organismo provincial otorgue apoyo administrativo y técnico al Municipio, para llevar a cabo acciones conducentes a la formulación y desarrollo de proyectos y programas, incluyendo todas las actividades relacionadas con la provisión de obras y/o servicios finales, como así también de recursos humanos. A cambio, en la cláusula 6ta del anexo de este acuerdo, el municipio se compromete a abonar bonificaciones y/u otros conceptos de acuerdo a las funciones de cada agente».
“Nos vemos sorprendidos en nuestra buena fe primero y principal, porque este convenio debería estar aprobado por el Concejo Municipal, conforme lo establece el artículo 137 inc. 18 de la carta orgánica. En ese sentido, hemos hecho un pedido de informes al Ejecutivo donde le solicitamos nos explique, en función de la ley 1774- B, de acceso a la información pública, respecto al organigrama funcional, la dependencia laboral, el personal en servicio, la clasificación del personal, metodología de ingreso, cese y egreso, situación de revista, forma y tipo de retribución de haberes mensuales, horarios de prestación de servicios, jornadas de trabajos, horas extras y funciones que cumple este equipo hábitat, que supuestamente estaba provisto por la representante de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente”, detallaron los ediles María Teresa Celada, Carlos Salom, Carla Cantero y Dino Ortiz Melgratti.
«Sin haber sido ratificado por los Concejales, la norma carece de legalidad”, advierten.
“Pareciera que es tendencia, gobernar con Resoluciones o Decretos ya que esto es eslabón más, en una larga cadena de los gobiernos autoritarios con los que estamos conviviendo, tanto en el orden Nacional, como en el Provincial y Municipal. Vemos a los mismo, asumir atribuciones que no les corresponden, es por ello que desde el Bloque de la UCR solicitamos que se rescinda ese convenio, que consideramos ilegal”, puntualizaron.
