El Comité de Prevención de la Tortura realizó el planteo de nulidad de lo resuelto el miércoles pasado por la Fiscalía de Derechos Humanos que otorga la prisión domiciliaria a los policías involucrados en los hechos de violencia policial contra una familia perteneciente a la comunidad QOM en Fontana.
El Comité de Prevención de la Tortura realizó el planteo de nulidad para el arresto domiciliario de los policías detenidos por los hechos de violencia policial contra miembros de una familia de la comunidad qom de Fontana.
El Comité de Prevención de la Tortura realizó el planteo de nulidad de lo resuelto el miércoles pasado por la Fiscalía de Derechos Humanos, que, sin consultar ni dar aviso a las víctimas, decretó el arresto domiciliario de los policías detenidos por los hechos de violencia policial y allanamiento ilegal en un domicilio de familia qom en el barrio Banderas Argentinas.
A través de un comunicado dado a conocer este lunes se recuerda que ante los graves hechos de Violencia Institucional acaecidos el 31 de mayo en la localidad de Fontana , el Comité de Prevención de la Tortura se constituyó como Querellante el 05 de junio.
En este contexto elabora una cronología de las diferentes instancias a partir de la constitución del Comité de Prevención de la Tortura como Querellante en esta causa.
“A medida que avanza la pesquisa se pone de manifiesto el obrar arbitrario e ilegal de las funcionarias y funcionarios policiales, no únicamente de los cuatro imputados que aparecen en la filmación sino de varios implicados más, ya que de la investigación penal preparatoria surge el siguiente dato: además del captado por la cámara de celular, hubo dos allanamientos ilegales más de los que resultaron vejadas y privadas de libertad otras dos jóvenes”, dice la presentación del Comité..
“El 16 de junio se reiteró el pedido de producción de pruebas solicitado en la constitución en Querellantes y se requirió la ampliación de la imputación porque la Fiscalía de Derechos Humanos no hizo lugar al pedido de calificación legal solicitado por este Mecanismo (“Allanamiento ilegal en concurso real con privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas y torturas físicas, psíquicas y sexuales”), y porque de las declaraciones testimoniales y de la documentación remitida por el Órgano de Control Institucional (OCI) se desprendieron nuevos elementos para acusar a otros agentes de la policía y para ampliar las calificaciones antes solicitadas”.
“El miércoles 24 de junio la Fiscalía de Derechos Humanos decretó, sin consultar ni dar aviso previo a las víctimas, el arresto domiciliario de los policías detenidos preventivamente: Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera y Cristian Benítez”, continua la presentación.
“El jueves 25 de junio éste Comité presentó un escrito requiriendo la nulidad del decreto por aplicación errónea de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena que se utiliza en los casos de Prisiones Domiciliarias, así como por una interpretación sesgada de la Resolución N° 52/2020 del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, además de una ausencia absoluta de consideración a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, al pueblo Qom y perspectiva de géneros.
Las otras querellas también apelarán dicho Decreto a fin de agotar todas las vías jurídicas establecidas en el Código Procesal Penal de la Provincia con la finalidad de resguardar el proceso y contemplar la real necesidad de que los imputados cumplan la privación de libertad en sus hogares.
LOS HECHOS
En la fría madrugada del domingo 31 de mayo, efectivos de la Policía de la Provincia del Chaco irrumpieron de manera violenta y desmedida en la vivienda de una familia perteneciente a la comunidad QOM, donde se encontraban cuatro menores de edad y tres mayores, tras lo cual mediante golpes e insultos de carácter discriminatorio y racial detienen sin justificación ni orden legítima a una adolescente y a un joven. Luego, en otro allanamiento de las mismas características, detienen a otras dos mujeres.
Las cuatro personas relataron haber sufrido torturas y vejaciones por parte de los policías durante más de 5 horas, hasta que fueron liberadas.
Desde Comité contra la Tortura remarcaron la gravedad institucional que generan acciones de esta índole y es necesario que lo sucedido sea investigado de manera seria y conforme a los estándares internacionales, con aplicación efectiva del Protocolo de Estambul, para poder llegar a la verdad real. En esta causa se investigan hechos de tortura.
