La provincia también se despegó del masivo evento religioso del pastor Ledesma

Sociedad

La sociedad chaqueña se enfureció en redes sociales el pasado domingo con la realización de un masivo evento religioso desarrollado por la Iglesia Cristiana Internacional en Resistencia, en medio del aislamiento en que está inmersa esta ciudad. Más bronca generó la publicación del referente de la iglesia, el Pastor Ledesma, quien agradeció a Capitanich y a Gustavo Martínez por la habilitación para el evento.

En esa línea, el que primero salió a despegarse de esta situación fue Agustín Romero, titular del Concejo de Resistencia que fue el autor de la ordenanza que permite la realización de auto-eventos, asegurando que dicho evento no estaba autorizado por dicha ordenanza. Vale decir que desde el ejecutivo municipal nadie salió a desmentir -aún- al pastor Ledesma.

Ahora, quien se despegó del evento fue la provincia, a través de su ministro de Gobierno Juan Manuel Chapo.

En declaraciones a Radio Provincia del Chaco, el funcionario aseguró que «en ningún momento la Provincia autorizó la realización de ningún oficio religioso bajo ninguna modalidad».

En esa línea, el funcionario recordó que, tras la polémica generada por la autorización verbal anunciada por Capitanich en una conferencia de prensa para la realización de celebraciones religiosas, la provincia volvió atrás con esa medida. Sostuvo en consecuencia que el argumento esgrimido desde la iglesia fue la ordenanza 13275 que permite la realización de auto-eventos, pero esa norma legal también se rompió ya que hubo muchas personas sentadas en sillas preparadas por la institución en el predio, gente en motos y en bicicletas.

No obstante ello, criticó al presidente del Concejo, Agustín Romero, quien aseguró que la ordenanza se sancionó cuando la ciudad estaba en la fase 4 de cuarentena. En esa línea dijo: «Yo fui concejal durante cuatro años y puedo dar fe que una Ordenanza se deroga con otra. Nosotros propusimos desde el primer momento la suspensión de los oficios religiosos, por lo que cualquier cuestión que implique no acatar esos Decretos es responsabilidad de los Municipios, que adoptan criterios distintos».