El organismo aportó información y pidió ser querellante en la causa penal por el préstamo del Banco Nación a la empresa agropecuaria durante la gestión de Cambiemos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos de Vicentin, de cometer los delitos de defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Por otra parte, se solicitó que se ordene una inhibición general de bienes sobre el patrimonio de los acusados.
Según Infobae, el petitorio fue incluido en un escrito a través del cual la UIF solicitó ser querellante en la causa que investiga por qué la cerealera, aportante de la campaña de Juntos por el Cambio, acumuló una deuda de $ 18.500 millones en contra de las normativas vigentes y mientras otras firmas ligadas al mismo grupo empresario acumulaban activos en el exterior.
“Habrían existido instrucciones explícitas de Presidencia para favorecer al grupo empresario”, sostuvo el organismo que tiene entre sus misiones prevenir e impedir el lavado de dinero y los delitos económicos complejos.
«Las gerencias operativas habrían sido instruidas personalmente por González Fraga para beneficiar a la firma, y éste, a su vez, habría sido instruido al respecto por el entonces Presidente de la Nación”, señala el organismo.
El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, había imputado a González Fraga -el último presidente del Banco Nación durante el macrismo y a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, quienes encabezan la firma Vicentin. Pero para la UIF, las irregularidades solo podrían haberse llevado adelante “en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”. Y por eso quiere avanzar sobre Sandleris y, específicamente, sobre Macri. Y sobre las personas jurídicas Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore.
“Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no solo habría simulado su estado de cesación de pagos sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de GLENCORE para remitir sus ganancias al extranjero. Las operaciones de defraudación al Estado aquí investigadas no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior», señala el texto.
En ese contexto, el organismo reclamó la inhibición general de bienes de todos los involucrados y un estudio del patrimonio de todas las personas y empresas que intervinieron en las operatorias investigadas.
