Abogados solicitaron al STJ el restablecimiento pleno del servicio judicial desde el próximo lunes

Sociedad

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco junto a los Colegios de Abogados de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial del Chaco, solicitaron al Superior Tribunal de Justicia el restablecimiento pleno de la función judicial a partir del 27 de julio.

Mediante nota suscripta por todos sus presidentes y presentada el día martes 21 de julio, las entidades que representan a los abogados solicitaron el restablecimiento pleno del servicio judicial, con cese del servicio judicial de urgencia, adoptándose consecuentemente las medidas de bioseguridad necesarias para resguardar la salud de todas las personas que trabajen o acudan a los tribunales.

Para fundamentar su petición las entidades representantes de los abogados citaron las decisiones últimas del Presidente de la Nación y que siguieran tanto el Gobernador Capitanich en el ámbito provincial, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todas encaminadas a establecer el ingreso a la etapa de nueva normalidad, postulando la necesidad de convivir con la pandemia, restableciendo las actividades cotidianas con el correlativo cuidado mediante las medidas de prevención e higiene que ya se han vuelto un nuevo hábito social.

Como propuestas para el restablecimiento del servicio judicial pleno, el Consejo y los Colegios de abogados proponen:

  • Desdoblamiento en dos turnos del trabajo judicial, reducidas a jornadas de 4 hs cada una, de tal manera de evitar el aglomeramiento de personas, permitiendo el cumplimiento del distanciamiento social.
  •  Maximización de la utilización de los recursos tecnológicos para realizar todos los actos procesales que puedan ser sustituidos en su presencialidad, lo cual significa:
  1.  mantener el ingreso digital de escritos;
  2.  ampliar la utilidad del sistema de control de expedientes hoy vigente permitiendo que se puedan visibilizar los escritos incorporados por las partes;
  3.  notificar los traslados mediante correos electrónicos adjuntando las piezas necesarias para considerarlo y eventualmente contestarlo;
  4.  notificar las radicaciones de los expedientes en las Cámaras de Apelaciones y en el Superior Tribunal de Justicia mediante cédulas electrónicas, es decir a los correos oficiales de los letrados;
  5.  ampliar la visibilización de los expedientes en el sistema de control de expedientes al fuero de familia, niñez y adolescencia, precaviendo el acceso restringido de los letrados y partes intervinientes;
  6. realización de audiencias presenciales como regla, salvo excepciones justificadas cuando podrán utilizarse los medios de videoconferencias.
  •  Implementación del sistema de turnos que permitan a los profesionales acudir a los tribunales, dejando en manos de los propios juzgados la definición del día y hora, a fin de asegurar la preparación del expediente y/o documental que se consultará, disponiéndose inter tanto se produce esa visita la suspensión del plazo procesal que causa la necesidad de la concurrencia al tribunal.
  •  Se provean a los tribunales de instancias inferiores los elementos indispensables para realizar los actos procesales que requieren la intervención de los letrados o las partes en forma inmediata y personal, proveyendo los insumos y recursos tecnológicos pertinentes.

En el mismo sentido, desde el Consejo de Abogados de Resistencia se informó sobre las gestiones realizadas por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (FEPUCH) para solicitar el restablecimiento de la función de los órganos registrales provinciales, en particular el Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección de Catastro, estrechamente vinculados con el ejercicio profesional de los abogados, informando que esas funciones esenciales se restablecerían a partir del próximo 27 de julio.

Destacaron en este sentido la decisión del Gobernador, el Ministro de Gobierno y la Subsecretaria de Asuntos Registrales en cuanto a garantizar el funcionamiento de estos órganos registrales que tienen una esencial función en materia del tráfico de bienes inmobiliarios.