Tras el presunto atentato sufrido en el hospital Perrando, que puso en peligro la vida de varios pacientes que se encontraban internados, el gremio de la UPCP, emitió un comunicado en el que calificó de «imprudentes y oportunistas» a las declaraciones de los funcionarios del nosocomio y afirmó que «no hubo ningún tipo de atentado».
«Las autoridades sanitarias violan la Ley de Obras Públicas, porque no han cumplimentado el procedimiento de entrega de obra finalizada y tampoco han llevado a cabo las auditorías de control pertinente. Es de máxima gravedad, la actitud de las autoridades porque los trabajadores no han sido notificados de los planos de las refacciones y construcciones realizadas a la fecha», denunció el Secretario General, José Niz.
«La salud pública chaqueña está en manos del gobierno provincial y por lo tanto cuando un paciente ingresa a un efector de salud, a partir de ese momento, quienes custodian su vida son las autoridades jerárquicas, que deben marcar los lineamientos de atención», señaló.
«Nuestros compañeros no han sido informados de los cambios, refacciones, modalidades de funcionamiento de las nuevas construcciones que se realizan».
La importancia de la prueba en vacío en los Servicios críticos
Niz explicó que «la prueba en vacío es muy importante, para que el recurso humano haga el reconocimiento del área, de los equipamientos, del funcionamiento de los mismos y a la hora que el paciente requiera conectarlo al respirador, que estos equipos tenga un desempeño perfecto, porque de ello depende su vida. Cuando hay un problema de aspiración, oxígeno central y/o aire comprimido se convoca al personal de Mantenimiento, pero sin planos nuestros compañeros están ciegos, porque desconocen como se hicieron las instalaciones», remarcó y agregó que «la notificación formal es responsabilidad de los niveles de conducción».
«Ahora es importante investigar quién recibió la obra, quienes hicieron la auditoría y a partir de ahí, si la Directora, Subsecretario y demás le notificaron formalmente a nuestros compañeros e hicieron la prueba en vacío», remarcó el gremialista.
«Los servicios de oxígeno, aire comprimido y aspiración, siempre se manejaron a nivel central, pero la empresa encargada de la obra modificó el sistema e incorporó una llave de paso, en el marco de las adecuaciones y refacciones de la Pastilla 6 hoy llamada COVID pero todo este proceso nunca fue notificado al recurso humano», indicó.
La urgencia de la inauguración
Desde UPCP manifestaron que en el proceso de investigación «va a salir a la luz la transgresión a la Ley de Obras Públicas en cuanto a la ausencia de un Inspector de Obra, del cumplimiento del Proyecto Ejecutivo, los funcionarios que autorizaron los pagos de las Certificaciones de Obra; es de público conocimiento que el gobernador inauguró una mañana las instalaciones y por la tarde internaron a los pacientes. Esto demuestra que nunca se realizó la prueba en vacío».
Niz recordó que «ni bien inauguraron conectaron a los pacientes a los respiradores, sin verificar previamente si el oxígeno y el aire comprimido que lo enriquece, era el necesario para satisfacer la demanda». Y afirmó: “No es lo mismo tener conectado un respirador que seis, por que el nivel de exigencia es distinto».
En ese contexto, advirtió que «posiblemente al estar abierta mínimamente la llave, lo más probable es que no sonó la alarma, porque estaba conectado un respirador y era suficiente la provisión en esa medida graduación, pero al tener conectado varios el suministro de aire comprimido fue insuficiente y sonaron las alarmas», detalló.
Señaló además que «es imprescindible la prueba en vacío para el recurso humano; es lo único que nos permite reconocer dónde están cada uno de los elementos que necesitamos para la atención y sobre todo en un servicio crítico. Pero a juzgar por lo sucedido, ni el capital humano de atención ni los Jefes, tuvieron la posibilidad de probar todos los respiradores para verificar si funcionaban correctamente de acuerdo con la demanda», sostuvo.
«Suponemos que el Gobierno cuida de las vidas de los pacientes, pero con lo sucedido ha quedado demostrado que hay procedimientos administrativos que no se cumplieron y los han puesto en riesgo. Las instalaciones sanitarias no han sido habilitadas y tampoco las autoridades han verificado el estado de las obras, ni siquiera las han auditado. Tampoco conoce el pueblo del Chaco si se cumplieron las normativas específicas en materia de construcciones sanitarias. Entonces nos preguntamos como sociedad: ¿Quién cometió el atentado?», finalizó.
