El Comité de Prevención de la Tortura (CPT), constituido como querellante en la causa que tiene como víctimas a familias del Pueblo Qom de la localidad de Fontana, repudia enérgicamente el cese de la prisión preventiva y el cambio de calificación de la carátula resuelto por el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de la Jueza Rosalía Zózzoli.
El Juzgado de Garantías N° 3 resolvió otorgar el cese de la prisión preventiva sin tomar en cuenta lo desarrollado por el alegato del Comité sobre los hechos mal planteados y la amplia argumentación sobre los delitos que se pretende le imputen a los funcionarios policiales Cristian Flores, Cristian Foschiatti, Cristian Benítez y Orlando Cabrera.
Vale recordar que la Fiscalía Penal Especial en Derechos Humanos acusó a los cuatro policías implicados, de realizar un allanamiento ilegal en concurso real con un caso de vejaciones y un hecho de privación ilegítima de la libertad. Pero de las declaraciones se ha desprendido que fueron tres los allanamientos ilegales, cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad y cuatro hechos de torturas, además de los delitos antes mencionados.
El CPT sostiene que “existe posibilidad de entorpecimiento de la investigación, porque los imputados actuaron en calidad de miembros de las Fuerzas de Seguridad, siendo que estas se encuentran involucradas en la investigación penal preparatoria”.
Asimismo, señaló que «este Mecanismo entiende que a raíz tanto del video difundido, como de las pruebas producidas hasta la fecha, no caben dudas que se trata de hechos de torturas físicas, psíquicas y sexuales en concurso real con amenazas y robo agravado en contexto de tortura así como de abuso sexual gravemente ultrajante».
El organismo solicitó a la Fiscalía de DDHH que amplíe la calificación y que impute a otros dos implicados en principio, cuyo planteo aún no ha sido tenido en cuenta.
Concluye que “los delitos de tortura judicializados en esta causa son la punta de un iceberg de hechos sistemáticos de Violencia Institucional que se intensificaron a partir del ASPO. Esto representa un peligroso precedente que legitima a las Fuerzas de Seguridad a continuar incurriendo en excesos y hostigamiento a grupos vulnerables, generando un temor (justificado) por parte de quienes sufren todo tipo de abusos”.
