Quienes realicen reuniones familiares y sociales, con grupos de personas no convivientes, serán pasibles de una denuncia penal. Así lo indicó la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, en entrevista por Chaco TV.
La funcionaria señaló que esta decisión se basa en el decreto 677/20, firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el cual fue publicado en el boletín oficial el domingo pasado. El mismo establece en su artículo noveno, que hasta el 30 de agosto inclusive quedan «prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente”.
La normativa señala que la infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
En ese sentido, la ministra Zalazar, confirmó que «las reuniones familiares y privadas no están permitidas”, en la provincia, y que la medida «regirá hasta el 30 de agosto”.
La ministra recordó que en el plan de desescalada que tenía previsto el gobierno provincial, estaba incluida la posibilidad de flexibilizar las reuniones sociales pero esta decisión fue frenada por las disposiciones nacionales. “En la provincia, teníamos la posibilidad de realizar reuniones de hasta 10 personas pero el decreto nacional es posterior y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional”, indicó.
Sin embargo, en contramarcha de lo establecido por los gobiernos Nacional y Provincial, el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, anticipó que las habilitará el 21, con posibilidad de encuentros de hasta 10 personas.