La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) inició de oficio investigación por violación a la Ley de Etica y Transparencia en la Función Pública (Ley N° 1341-A ante Ley N° 5428) ante la detección de casos de funcionarios municipales de Villa Río Bermejito y Enrique Urien que habrían percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el gobierno nacional para paliar la difícil situación de personas en estado de vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia por Covid-19.
El Fiscal General Dr. Gustavo Leguizamón puso de relieve que -más allá de la instancia penal que lleva adelante la Justicia Federal- la FIA en forma inmediata de conocido los casos abrió expedientes y realizó distintos diligenciamientos para determinar cada uno de los hechos detectados que podrían acarrear la inhabilitación para ejercer cargos públicos para los funcionarios que cobraron de manera irregular el aporte de emergencia nacional. Asimismo, el fiscal aseguró que el cobro del IFE por parte de agentes y funcionarios públicos “es ilícito”.
Bonificación personal de Salud
En otro orden de cosas, el organismo recientemente hizo lugar al planteo de los agentes de Salud Pública a través de la Resolución 2500/2020 por la que se requirió al Poder Ejecutivo provincial el reconocimiento del pago de una bonificación remunerativa en el marco de la Ley N° 2423-A.
En los considerandos se hace mención a la situación laboral de alta exposición en este momento de emergencia sanitaria, y que si bien se han adoptado diversas medidas urgentes y necesarias como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la misma no incluyen al personal de salud pública quienes “deben actuar con toda su dedicación personal, capacitación técnica y conocimiento médico en pos de salvaguardar la salud de la población, todo por lo cual no escapa a ésta Fiscalía de Investigaciones Administrativas que concurren cuestiones de oportunidad, que ameritan el tratado del reclamo y resulta conveniente proceder a su resolución”.
Por último, la FIA adhirió a los criterios de los poderes Ejecutivo y Judicial dispuesto por decretos y resoluciones, poniendo en práctica las recomendaciones para el trabajo con rotación del personal.
