Los choques se han producido por el intento del Gobierno de desarmar a las comunidades, al que muchas se resisten.
Enfrentamientos entre soldados gubernamentales y civiles armados han provocado al menos 127 muertos y decenas de heridos en Sudán del Sur desde el pasado sábado, según ha informado este miércoles el portavoz del Ejército, Lul Ruai Kong. El estallido de violencia comenzó cuando los militares emplearon la fuerza en su intento de confiscar sus armas a los jóvenes de una comunidad en el estado de Warrap.
Hace unas semanas, el presidente Salva Kiir anunció el comienzo de una amplia operación de desarme en todo el país para tratar de impedir los conflictos intercomunitarios. Sin embargo, parte de la población no se fía del Gobierno y se resiste a entregar unas armas que usa para su protección personal.
“Según nuestras informaciones, fueron asesinados 82 civiles y 45 soldados del Ejército de Sudán del Sur”, aseguró Kong, quien añadió que varios jóvenes de la comunidad gelweng se resistieron al desarme y posteriormente atacaron un cuartel en la ciudad de Romich. La Red de Acción sobre Armas de Pequeñas de Sudán del Sur (Ssansa), un grupo de la sociedad civil, asegura que un miembro de la comunidad fue detenido y recibió un disparo por la espalda cuando intentaba escapar, lo que desencadenó los graves enfrentamientos. Hace tan solo una semana, este colectivo ya había advertido de los peligros de lo que calificó “una operación apresurada de desarme planteada de arriba hacia abajo sin consultas significativas ni preparación estratégica con las comunidades”.
“Esto nos conduce al pasado cuando otras operaciones similares fueron llevadas a cabo sin tener en cuenta los factores que llevan a las comunidades a armarse y sin un plan posterior de protección de esos civiles. No mucho tiempo después, esos grupos de población sufrieron devastadores ataques por parte de criminales procedentes de comunidades vecinas”, manifestó mediante un comunicado Geoffrey Lou Duke, responsable de Ssansa. “Podemos quitarles las armas esta semana y ellos comprarán otras la próxima semana si todavía sienten la necesidad de tenerlas”, añadió tras los graves enfrentamientos de los últimos días a través de su cuenta de Twitter.
VIOLENCIA SIN FIN
Tras largas negociaciones a partir del acuerdo de paz firmado en 2018, Sudán del Sur estrenó el pasado mes de marzo un gobierno de unidad nacional. Al frente del mismo se encuentran los dos líderes de los principales bandos enfrentados en la guerra civil que provocó unos 400.000 muertos y 4,3 millones de desplazados desde 2013: Salva Kiir, como presidente, y Riek Machar, como vicepresidente. La aparente superación de las diferencias entre ambos permitió dar una oportunidad por fin a la paz, pero el ciclo de violencia continúa. Las milicias enfrentadas en el devastador conflicto están desmovilizadas pero operativas y los choques entre comunidades por la tierra y el ganado, favorecidos por la circulación de armas que ni siquiera el embargo de la ONU ha podido impedir, florecen aquí y allá.
El Estado de Jonglei, al norte de Yuba, la capital del país, ha sido escenario recurrente de este tipo de violencia. En mayo pasado se produjo uno de los peores enfrentamientos de este año, cuando fallecieron unas 250 personas y 300 resultaron heridas a consecuencia de los choques entre miembros de las comunidades murle y nuer provocados por el robo de ganado y la ausencia de una autoridad estatal fuerte que pueda mediar en la resolución de este tipo de conflictos. Ante ello, el presidente Kiir anunció hace unas semanas el inicio de una operación de desarme en todo el país.
HAMBRE
La situación humanitaria en Sudán del Sur es alarmante, pues se calcula que unas 6,5 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población, se enfrenta a la inseguridad alimentaria. A ello hay que sumar otras dos crisis, la irrupción de las langostas del desierto que devoran todo a su paso en el Cuerno de África, cuyos enjambres amenazan con llegar a suelo sursudanés, y la pandemia de la covid-19, que ha penetrado en los campos de desplazados y ha limitado la operatividad de la respuesta de las agencias de Naciones Unidas, de la misión internacional de paz y de las organizaciones no gubernamentales.
Fuente: El País
