El gobernador Jorge Capitanich ratificó su oposición a las tomas de terrenos que se viene repitiendo en el área metropolitana del Gran Resistencia y consideró que «a través de actitudes extorsivas, no se logran acciones reivindicativas».
El primer mandatario provincial brindó una entrevista a Radio Universidad, donde aseguró que la intención es conformar un banco de tierras, potenciado por las casi 4000 hectáreas recientemente transferidas por la Nación a la Provincia en la zona sur de Resistencia, que se rija por criterios que «garanticen el derecho de acceso a la vivienda y a la igualdad de oportunidades» que son pilares del Estado de Derecho.
«Como responsables de la gestión, además, debemos cuidar el patrimonio público porque de lo contrario somos pasibles de ser sancionados con las penas previstas en el artículo 248 del Código Penal: uno de los deberes principalísimo del funcionario es preservar el patrimonio», planteó. El gobernador indicó que «el patrimonio se cuida cuando no hay usurpaciones sino un proceso de adjudicación transparente en el marco de un banco de tierras perfectamente organizado».
«Tomar la ley de una manera sesgada no es lo que corresponde: entiendo las demandas y lamento que el Estado sea demasiado lento para las demandas sociales; pero estamos con un horizonte previsible y una planificación concreta, con lo cual, esperar tres meses a quienes esperaron 30 años, no les cambia la vida», aseveró.
Segundo Acueducto
Capitanich, reiteró que la finalización del Segundo Acueducto del Interior es una de las principales prioridades de la gestión y estimó que, de lograrse el ritmo de obra previsto, el sudoeste de la provincia podría estar recibiendo agua potable por el ducto a partir del próximo año. «Tenemos pendiente la gestión de la renegociación del contrato de 2017, que lo tiene que aprobar el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) para avanzar en la ejecución de la obra», trazó el jefe de Estado.
La intención es que el Segundo Acueducto adquiera, durante septiembre y octubre, un ritmo de ejecución de 400 millones de pesos de certificación mensual, con un impacto de entre 400 y 500 empleos; de esta manera para 2021 el ducto podría estar abasteciendo con el líquido vital al sudoeste. «Estamos siguiendo estas gestiones, haciendo el mayor esfuerzo para lograr el ritmo que pretendemos para el avance de esta obra trascendental desde todo punto de vista para la provincia», indicó Capitanich en declaraciones a Radio Universidad.
Puja por los recursos
En las últimas semanas, se registra una oleada de requerimientos al Estado que no se condicen con el complejo escenario económico generado por la pandemia, con caída de recursos coparticipables y baja en la recaudación, como elementos más visibles. Lo que sucede en el sector docente, donde el anuncio de recomposición fue rápidamente rechazado y las medidas de fuerza ratificadas es una muestra cabal de una dinámica de puja por recursos cada vez más escasos que se va generalizando en otras áreas y actividades, fundamentalmente del sector público provincial.
«Estamos en la carrera de actores y sectores de la provincia para efectuar una apropiación de recursos del Estado, y se hace a través de distintas vías», reflexionó el gobernador. En ese sentido, consideró que «no se pueden cubrir más vacantes», en la provincia sino que hay que optimizar la planta de personal, eventualmente con un reentrenamiento para cumplir distintas funciones.
«Lo ideal es que apuntalemos un proceso de recomposición salarial, porque el salario promedio de toda la administración pública está deteriorado, y este es un problema que requiere un sendero; así como queremos una carrera sanitaria que mejore el salario en base a indicadores de desempeño, lo mismo tiene que ocurrir en todos los sectores», entendió. «Necesitamos resolver varios problemas, y entre ellos los 250 millones de dólares tomados en el año 2016, que requieren una estrategia de financiamiento que estimamos tener antes de fin de año», apuntó.
Capitanich indicó que estos temas se trabajan con el máximo nivel de rigurosidad desde el punto de vista fiscal, pero la pandemia sigue vigente y exige un asignación «extraordinaria de recursos» del sistema público, del orden de los 1700 millones de pesos de inversión. «Nadie puede hacerse el distraído en esta cuestión: tuvimos que sufrir las consecuencias de una pandemia que no trajimos, no la programamos ni la merecemos; pero tenemos que dedicar el máximo nivel de recursos para poder afrontarla», señaló.
Autovía de la ruta 16
En cuanto a la ejecución de autovía de la ruta 16, en el tramo Makallé – Sáenz Peña, el gobernador remarcó que hay dos proyectos: el primero, hasta la intersección de la ruta 9, que tiene un costo equivalente a los 2000 millones de pesos; que tiene proyecto ejecutivo en condiciones de ser licitado.
En segundo lugar, está la traza desde Saénz Peña hasta Makallé, con las etapas de Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi; que está siendo analizado teniendo en cuenta el pedido de las Federación Económica de preservar el proyecto original que contempla travesías urbanas por esas localidades y no la de carácter circunvalar que se maneja como alternativa en Vialidad Nacional.
«Nosotros estimamos que este proyecto ejecutivo estaría en condiciones de ser resuelto en este año y el próximo, con lo cual, veremos si es factible ejecutarlo por tramo», planteó. En cuanto al cobro de peajes, el gobernador confirmó que el Estado Nacional «ha recuperado las concesiones», y la provincia del Chaco propuso la factibilidad de hacer con convenio con Vialidad Provincial para la administración del mantenimiento y revisión de las rutas.
Subasta de bienes
En otro orden de cosas, el primer mandatario provincial explicó los alcances y objetivos de la subasta de bienes del Estado en desuso, que en esta oportunidad incluirá algunos inmuebles. El tema es recurrente porque al momento de votar la ley que ratifica la facultad del Estado para disponer de esos predios, versiones periodísticas y referentes de la oposición hicieron notar el hecho de que en el paquete de bienes a subastar se encontraba nada menos que la Casa de Gobierno y el emblemático Autódromo «Yaco Guarnieri».
«Tenemos las atribuciones conferidas por la ley, y lo queremos es optimizar el uso de los bienes inmuebles», apuntó Capitanich. La intención es llegar al 1 de enero de enero con el ahorro de 100 millones de pesos en alquiler. Además, el plan prevé que se utilicen menos metros cuadrado por trabajador, regulando el flujo y la franja horaria; y finalmente lograr que inmuebles que están emplazados en determinado lugar puedan integrarse como pago a cuenta en la construcción de otros inmuebles lo que, a su vez, permitiría optimizar la infraestructura.
«Nosotros queremos ahorrar en el pago de alquileres y optimizar la infraestructura, pero también que las más de 3000 hectáreas transferidas por el Estado Nacional puedan proyectarse con un desarrollo integral y servicios públicos garantizados», cerró.
Fuente: Agencia Foco y Radio Universidad
