El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados tres iniciativas para apuntalar la administración de justicia en la provincia: una ampliación de los juicios por jurado para alcanzar procesos civiles y comerciales; un proyecto de reforma integral de la ley de mediación, y la creación de una Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
Fue enviado por el ejecutivo provincial el proyecto de ley 1463/2020 que propicia la ampliación de materia en Juicios por Jurados en casos Civiles y Comerciales, considerando que será beneficioso al sistema judicial, aplicándose de manera gradual como servicio a los litigantes ya que a su vez garantizará plenamente uno de los principios fundamentales del derecho procesal moderno: la solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, en juicio público, oral, adversarial y ante todo, con participación ciudadana.
“En miras a ser la primer Provincia de Latinoamérica, y la primer Provincia de la Argentina en aplicar el juicio civil y comercial por jurados cumpliendo con la manda del art. 24 de la Constitución Nacional, estableciendo que todas las ramas y fueros del derecho se juzguen por jurados” afirma el gobernador, lo cual de legar a sancionarse se aplicará de manera “gradual y a un número inicial acotado de casos”.
“La aplicación de los juicios civiles y comerciales por jurados implicará una baja en la litigiosidad y trámites judiciales por dos cuestiones: por un lado, se terminará con la actitud muchas veces generalizada, de las partes demandadas cuando ante derechos evidentes o con la conciencia de no tener razón, buscan dilatar los procesos con la finalidad de llegar a una sentencia tardía. Por otro lado, el instituto funcionará a su vez como un control de profesionalidad, terminándose con las pretensiones ridículas y negligentes”.
Como fundamento de esta ampliación, Capitanich explica que “el jurado civil tendrá una función social y política frente a las desigualdades y el litigio compulsivo, infundirá de legitimación democrática a las decisiones jurisdiccionales inyectando normas comunitarias en el sistema legal. Asimismo, gracias al jurado, el juez se vincula de manera directa con el Pueblo y con sus puntos de vista en los casos que trata, ya que la participación de estos ayuda a incrementar la aceptación pública de aquél”.
Además recordó una manifestación de la Corte Interamericana que sostuvo “’El juicio por jurados se ha concebido, además, como una forma de devolver a la sociedad la confianza en el sistema judicial, como forma de democratización y acercamiento de la /impartición de justicia a la comunidad, otorgándole a ésta un rol fundamental en aquellos delitos sensibles al orden público’. Es decir, que dicha aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos resulta plenamente operativa en nuestra Provincia en base al art. 14 de nuestra Constitución” argumentó el gobernador.
Modificación integral a la ley de mediación
El proyecto 1461/2020 autoría del Poder Ejecutivo que fue remitido para su tratamiento legislativo, propicia la reforma integral de la legislación en materia de Mediación, Capitanich indicó que la misma se gestó “considerando que será beneficioso para la desmonopolización de la Justicia en materia de resolución de conflictos y que a su vez garantizará plenamente los principios fundamentales de la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos: voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, inmediación, comunicación directa entre las partes, celeridad del trámite”.
Esta modificación respeta el sistema de mediación actualmente regulado en la Ley N° 1601-M “pero da un paso más contemplando la universalidad de conflictos vigentes en la actualidad y que surgen de la complejidad y diversidad de las relaciones que se entablan” en particular detalló que se prevé “la mediación extrajudicial, sin intervención alguna del Poder Judicial, abarcando en general la resolución de cualquier conflicto en materia disponible, y en particular la mediación comunitaria y la medición penitenciaria”.
“Se mantiene la mediación jurisdiccional para la mediación en conflictos judiciales en trámite, ante jueces de paz, mediación familiar obligatoria de conformidad a lo prescripto por la Ley N° 1782- C y mediación penal de la Ley N° 1181-N de, actualmente vigentes en la Provincia, pero incorpora la mediación con movimientos sociales, a cargo de un equipo especializado de los Poderes Ejecutivo y Judicial, especialmente formados en la temática” informó el mandatario provincial.
Además indicó que “el sistema integral de medición que se propone también contempla el traspaso del Registro Público de Mediadores al Ministerio de Seguridad y Justicia o del Ministerio de Gobierno”.
Creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura
El gobernador Capitanich envió la iniciativa legislativa 1462/2020 por la que busca la creación la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco, con la cual se propiciará la capacitación de funcionarios de la judicatura.
Por Escuela Judicial debe entenderse un conjunto integrado de medios, herramientas, personas y objetivos dirigidos a una formación con un nivel de exigencia sumamente elevado para quienes ejerzan la función judicial, así como a los aspirantes a ingresar a ella, permitiendo un mejor conocimiento de las instituciones, consolidando conocimientos jurídicos y técnicos, recabando y compilando buenas prácticas profesionales desarrolladas en las diferentes jurisdicciones.
“Es fundamental que los modos de implementar la capacitación guarden coherencia con las exigencias previstas por la Constitución para que el Poder Judicial cumpla acabadamente su misión” expresó Capitanich.
En cuanto a los objetivos de la capacitación judicial se detalla que “tanto en lo que concierne a la formación inicial como a la formación continua la actividad pedagógica de la escuela se estructura en torno a tres ejes: el perfeccionamiento, la formación del recién designado y la capacitación de los abogados de la matrícula aspirantes a ser funcionarios o magistrados”.
“La Escuela Judicial tendrá como finalidad atender a la formación y el perfeccionamiento de sus jueces, funcionarios, empleados y de los aspirantes a magistrados, con el objetivo principal de fomentar las capacidades consideradas como esenciales para el óptimo desempeño de las tareas propias de un funcionario o magistrado. Tiene como justificación una justicia de calidad a la sociedad a la que sirve, adaptándose a las necesidades emergentes”.
“En la actualidad para entrar en la carrera judicial como funcionario o magistrado, debe superarse una oposición o un procedimiento de admisión por méritos, proceso de selección que busca garantizar con objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas que reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional para el ejercicio de la función jurisdiccional” explicó el mandatario y argumentó que “La Escuela Judicial busca la “igualdad de oportunidades”, con el fin de favorecer la diversidad del cuerpo judicial y prestar apoyo a candidatos procedentes de entornos sociales desfavorecidos que reúnan los méritos y la motivación necesarios”.
“La concurrencia y aprobación de los cursos de la Escuela Judicial debe ser considerada como antecedente especialmente relevante en los concursos para la designación de magistrados y para la promoción de quienes forman parte de la carrera judicial” explica Capitanich en el fundamentos de la propuesta y remarca que “la formación continua contribuye a la consolidación de las competencias técnicas de los funcionarios y magistrados judiciales durante toda su vida profesional, lo que les permite especializarse con el objetivo de administrar una justicia de calidad”.
