La comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad emitió dictamen para el proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el art. 6° de la ley 1027-A, referente a la convocatoria de audiencias públicas por parte del Poder Ejecutivo Provincial.
La misma propone el texto para el supuesto de Convocatoria sobre algún aspecto relacionado a Servicios Públicos, la misma deberá darse obligatoriamente cada 18 meses de celebrada la última. El Poder Ejecutivo podrá, por vía reglamentaria, establecer pautas de Convocatoria diferentes para este último caso.
La iniciativa obtuvo despacho favorable de los legisladores del oficialismo, el Frente Grande también dictaminó por la aprobatoria con una modificación en el plazo bajando de 18 a 12 meses, mientras que la UCR mocionó la permanencia en cartera de la misma.
En los fundamentos remitidos por el Poder Ejecutivo, se explica que “la modificación propuesta resulta una adecuación impostergable a la estructura actual de los servicios públicos y el rol que cumplen las audiencias públicas, dentro del esquema administrativo y como un elemento esencial al momento de definir el cuadro tarifario vigente y seguir una línea de coherencia conforme los fallos más recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia”.
En ese sentido, señala que “la periodicidad en la convocatoria a audiencias públicas se encuadra dentro del propósito del presente proyecto político de fomentar los instrumentos de la democracia participativa y acercar las decisiones gubernamentales a los habitantes de la Provincia” y que “esta obligación genera un marco de mayor legitimidad en la elaboración de políticas públicas y crean un espacio acorde para instrumentar reestructuraciones tarifarias, delimitar recorridos del transporte público, definir inversiones y establecer prioridades”.
Del análisis de un extenso temario, los diputados y diputadas avanzaron en el estudio de diversas como el proyecto de simplificación y modernización de la Administración, la iniciativa que busca reglamentar la actividad rentada de personas condenadas privadas de su libertad para mejorar su reinserción en la sociedad, las que permanecen en cartera de la comisión.
Al igual que los proyectos de ley que pretende establecer normas a que deberán sujetarse los entes y organismos integrantes del Sistema Provincial de Planificación y Evaluación de Resultados del Chaco y que está compartida con la Comisión Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones, el proyecto que impulsa la creación con carácter de entidad autárquica el Instituto de Gestión de Tierras y la iniciativa de ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos, serán abordados en próximas reuniones.
También los legisladores se abocaron a las iniciativas que se encontraban en la cartera de esta comisión, proyectos de resolución de expresiones de preocupación y/o beneplácito, sobre las cuales se expidieron al respecto, habilitando así su tratamiento en el Recinto de Sesiones.
La reunión fue presidida por el diputado Juan José Bergia, con quórum de sus pares Clara Pérez Otazú, Gladis Cristaldo, Jéssica Ayala, Livio Gutiérrez, Nicolás Slimel, Carmen Delgado Brito y Teresa Cubells.
