La diputada justicialista Jessica Ayala al referirse a la reforma del Código Procesal del Chaco, tras la aprobación de la ley de su autoría que otorga a las asociaciones civiles y fundaciones, como también a la secretaría de Derechos Humanos y de Género, rol de querellantes particulares en femicidios y casos de violencia de género, destacó el logro en la provincia.
“La verdad varias mujeres han contribuido por estar comprometidas en una fuerte lucha en las calles desde hace muchos años, y hemos dado una herramienta a ellas, para tener una legitimación activa que necesitan para participar en el proceso penal sea en hechos de violencia de género o garantizar los derechos humanos”, explicó la legisladora sobre la ley número 194 N que modificó el inciso “b” y “c” del artículo 12 de la ley 965-N del Código Procesal Penal.
La diputada recordó que durante la elaboración del proyecto surgió el vacío legal que tenían este tipo de delitos para las organizaciones que luchan a la par de las familias de víctimas de la violencia más extrema como son los femicidios y que no podían acompañan durante el proceso penal: Por el objetivo logrado, destacó la colaboración de la presidenta de la asociación Madres del Sol, Norma Almirón, como al juez Víctor del Río y el fiscal Sergio Cáceres Olivera.
El próximo objetivo
Por otra parte, precisó que aún permanece en comisión para su análisis el proyecto de ley 336/20 que tiene como objetivo debatir y visibilizar la violencia obstétrica: “Buscamos hacer visible lo invisible, que es este tipo de violencia que existe durante un mayor estado de vulnerabilidad y analizando números de observatorios de Buenos Aires o de Rosario, indican que en el Chaco solo el 1,2 por ciento de las mujeres que sufren violencia obstétrica hacen denuncia, el 81 por ciento a nivel nacional lo hace por los malos tratos recibidos durante el periodo de embarazo y el 41 por ciento por la falta de información”, expuso Ayala.
Por otra parte se refirió a las políticas públicas a través de las trabajadoras sociales de llegar a los lugares más alejados de la capital, para que el estado provincial “esté presente en la promoción y educación en las comunidades originarias, donde las mujeres sufren maltratos durante controles prenatales lo que hace dejen de asistir a la consulta, poniendo en riesgo la salud”.
La autora del proyecto dejó en claro que “buscamos militar esta ley en todo el territorio” y dejó en claro que su iniciativa “no es contra nadie, sino es una manera de seguir educándonos y que hoy ciertas conductas implican violencias y es una situación de vulnerabilidad que no distingue edad, posición económica y social, donde la padecen no solo en el sector público, también en el sistema de salud privado”.
Por último sostuvo que “si una mujer decide parir, no debe sentirse indefensa y en esa situación donde existe una relación asimétrica de poder, pueda reconocer y ejercer sus derechos”.
