Tras la aprobación durante la undécima Sesión Extraordinaria de una batería de leyes urgentes vinculadas a la coyuntura sanitaria y su impacto social y económico, el presidente de la Legislatura, Hugo Sager, valoró el aporte de las comisiones a las iniciativas más estrictamente técnicas que también fueron sancionadas durante la jornada. Entre ellas, la plataforma para la simplificación, racionalización y modernización de la administración pública, un proyecto del Ejecutivo que se enriqueció con aportes transversales.
“En diciembre de 2021, cuando la norma cobre plena vigencia, la Provincia debería estar en condiciones de reemplazar casi en su totalidad los trámites presenciales en todos los niveles de la administración pública, incluidos los organismos descentralizados. Habrá que trabajar intensamente para lograr ese objetivo, pero vamos hacia un Chaco amigable con las personas y con el medioambiente, y también más eficaz”, puntualizó el legislador.
La norma propicia el uso de las tecnologías que ya están disponibles para brindar a los ciudadanos mayor agilidad y simplicidad en cientos de trámites que todavía se realizan mediante una plataforma burocrática estructurada a mediados del siglo pasado.
“Hoy lo vemos con claridad porque hace seis meses que estamos atravesando una pandemia global, y un gran porcentaje de la actividad administrativa se ha visto afectado hasta casi paralizarse. Hay áreas del Estado que simplemente no mueven un expediente, y otras que por la exigencia de la presencialidad o la tramitación documental en papel, avanzan a cuentagotas”, advirtió y recordó que “una administración ineficaz genera injusticias y falta de transparencia”.
Los circuitos administrativos se dinamizarán con la información centralizada en la plataforma “Mi Gobierno Digital” garantizando “una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía”, pero también habrá una eficiente gestión de los recursos públicos: “El uso de papel, tinta, tonner y otros insumos costosos y contaminantes se reducirán a su mínima expresión, con lo que se ahorrarán millones de pesos del erario y le estaremos dando un respiro al planeta”, valoró.
EFICACIA Y TRANSPARENCIA
En esa línea, la Legislatura también aprobó la creación del Sistema de Contabilidad Gubernamental, que igualmente fue propuesta por el Poder Ejecutivo, y habilita la presentación de estados contables para el sector público.
“Cuando se establecen los presupuestos de las distintas áreas del Estado se hacen estimaciones generales sobre las variaciones de la economía durante el lapso de su ejecución, pero esto nunca es suficiente y con el tiempo las partidas presupuestarias no alcanzan, y las estimaciones se no coinciden con los resultados”, dijo y defendió la ventaja de que la Contaduría General de la Provincia pueda implementar el sistema.
“Es una tarea compleja porque habrá que establecer procedimientos y normas para los distintos niveles del Estado y jurisdicciones, pero así se podrá contar con información contable consistente y homogénea para facilitar las decisiones a tomar en el desarrollo de una política de gobierno, porque un corte específico para conocer las finanzas de una entidad o los flujos de fondos puede ser determinante para el éxito de un proyecto”, abundó.
Otra de las leyes destacadas por Sager fue la determinación de que los organismos y empresas provinciales de servicios estén obligados a realizar audiencias públicas cada 18 meses para exponer su situación patrimonial e informar sus cuadros tarifarios. “Es una herramienta que ya existe, pero aumentamos su periodicidad para garantizar más consenso, más transparencia y menos judicialización de conflictos, algo que siempre acarrea un impacto presupuestario negativo”, analizó.
Por último, celebró la prohibición de que los y las jefes comunales de toda la provincia puedan, a partir de ahora, realizar nombramientos, pases a planta y otras contrataciones y gastos durante el último año de cada gestión municipal. “El objetivo es ponerle fin a los tristemente célebres ‘operativos retirada’ que tanto daño le han hecho a nuestra democracia”, indicó.
“Durante el debate en el Recinto hubo amplio consenso para terminar con las prácticas clientelares de algunos intendentes; la vieja manía de meter por la ventana familiares y entenados antes de dejar el cargo, o de comprometer el presupuesto del futuro intendente tomando créditos para aliviar las arcas públicas en ese momento, porque el resultado es que quien lo sucede no puede pagar esos compromisos, enfrenta juicios y se paralizan los servicios por los que los ciudadanos pagan sus impuestos”, explicó y aclaró que la apuesta sigue siendo “por la realización transparente de concursos de antecedentes y oposición para garantizar el inalienable derecho al trabajo”.
