La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el beneficio de prisión domiciliaria que le había sido otorgado al represor Ricardo Reyes, quien cumple una pena de prisión perpetua por homicidios calificados y desapariciones forzadas de ex detenidos políticos en la denominada Masacre de Margarita Belén.
Esa decisión, fechada el viernes último y firmada por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar, dejó sin efecto la resolución del juez de ejecución penal del Tribunal Oral de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, según informó hoy el Ministerio Público Fiscal.
También, se señaló que Reyes accedió al arresto domiciliario en febrero de este año «con fundamento en que las dolencias de salud que padecía y que no podían ser tratadas de manera acorde estando detenido en la Unidad Penal 34 del Servicio Penitenciario Federal».
La resolución del juez Iglesias fue apelada por la Fiscalía Federal de Resistencia y las querellas «en razón de que los Informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema y del Servicio de Asistencia Médica de esa Unidad Penal referían a que el interno estaba contenido con los tratamientos médicos que llevaba adelante en el lugar».
El Ministerio Público Fiscal valoró que «los jueces de Casación entendieran por unanimidad, y cada uno votó con argumentos propios, que debía revocarse la resolución que otorgaba el beneficio y encomendaron el dictado de una nueva disposición».
En ese sentido se señaló que el juez Yacobucci, en su voto, consideró que «debe concluirse que, la resolución recurrida carece de un fundamento discursivamente sustentable y congruente con los distintos argumentos esgrimidos por la fiscalía respecto a la debida atención que se encontraba recibiendo Reyes en su lugar de detención y en distintos nosocomios extramuros próximos a la mentada unidad penitenciaria».
También se señaló la opinión del Mahiques porque «la mera referencia a sus dolencias, sin cotejarlas con las alternativas y respuestas sanitarias proporcionadas por los protocolos y mecanismos disponibles por el Servicio Penitenciario Federal para resguardar su salud, imponen una nueva y más ajustada decisión jurisdiccional».
Finalmente, sobre lo expuesto por el juez Slokar, se afirmó que «el otorgamiento indebido de estos beneficios puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de violaciones graves de derechos humanos».
Se conoce con el nombre de «Masacre de Margarita Belén» a la tortura y el posterior asesinato de un grupo de detenidos políticos en un operativo conjunto del Ejército y la Policía del Chaco realizado el 13 de diciembre de 1976 a unos 30 kilómetros de Resistencia, camino a Formosa.
El fusilamiento clandestino fue disfrazado como un supuesto enfrentamiento en un intento de fuga en la Ruta 11, en cercanías de la localidad de Margarita Belén, durante el traslado de los detenidos de Resistencia a Formosa.
Fuente: Télam
