Más de 40 organizaciones ambientales exigen que se derogue la Ley 3692, una normativa que prohíbe crear nuevas áreas naturales protegidas, públicas o privadas.
«Prohibir la protección de la naturaleza es avanzar a contramano del mundo. Los únicos beneficiarios reales de la Ley 3.692 son los capitales extranjeros que pagan grandes sumas a pocos terratenientes para desarrollar actividades extractivistas, obsoletas y cortoplacistas», dijeron los organizaciones que no ocultaron su indignación con la ley.
La forma que eligieron organizaciones no gubernamentales provinciales y nacionales para demandar la urgente derogación de la ley 3.692, fue una carta abierta dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner, al director del Consejo Agrario Provincial, Javier de Urquiza, al secretario de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, al Presidente de la Nación, Alberto Fernández y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
La ley 3.692, que fue aprobada en la legislatura santacruceña en noviembre del año pasado y publicada en el Boletín Oficial provincial Nro. 5.418 del 15 de enero de 2020, impide por el lapso de un año, prorrogables por otros doce meses, la creación de nuevas áreas naturales en el territorio de Santa Cruz. Entre los argumentos que presentan como sustento para reclamar la derogación de la ley las ONGs sostienen: «Esta prohibición no sólo afecta al ambiente sino a la misma producción, a la que vez que evade y profundiza el problema de fondo. Santa Cruz tiene 24.4 millones de hectáreas, de las cuales terratenientes poseen 13.1 millones y sólo 1.8 millones se encuentran protegidas. LA EMERGENCIA DEL SECTOR RURAL NO ESTÁ RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA». «Las áreas protegidas proveen servicios ambientales como la captura de carbono, la polinización, el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la protección del suelo, la flora y la fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano. Esta rivalidad binaria naturaleza—producción es una mentira discursiva impuesta mediáticamente», explicaron las organizaciones.
En el trasfondo de la decisión legislativa, con mayoría oficialista, está la acción del Consejo Agrario Provincial y de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), que se encargaron de impulsar la ley denominada «Emergencia en materia de posesión y tenencia de tierras rurales» que busca el delineamiento de un «Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Agropecuario Provincial». Justamente, quien es autoridad de aplicación de la nueva ley es el Consejo Agrario Provincial.
Los ambientalistas sostienen que Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país (menos del 8%) y que «la legislatura provincial designó en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras»; Y agregan «Santa Cruz sufrió la degradación del 34% de sus hectáreas productivas en los últimos 16 años de acuerdo al Censo Nacional Agropecuario; y el INTA estimó que el 77% del suelo se encuentra en estado de desertificación grave o muy grave». «Esta situación ambiental es más sensible aún con la gestión de las áreas protegidas de Santa Cruz a cargo del Consejo Agrario Provincial.
Irónicamente, el sector privado —al frente de una industria extractivista— está a cargo de cuidar la salud de la vida silvestre y de las tierras públicas de todos los santacruceños. Lejos de ser idóneo para el puesto, su director vela por los intereses de una actividad que ha dejado a la Patagonia simplemente desierta», concluye como panorama de las condiciones climáticas, ecológicas y sanitarias en Santa Cruz.
Fuente www.perfil.com
