En el aniversario de la aprobación de la Ley nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el gobernador Capitanich firmó el acta que busca dar cumplimiento efectivo a la Ley provincial del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, y consolidar el abordaje territorial de los programas, planes y acciones plasmados en el Plan de Gobierno Chaco 2030.
El gobernador Jorge Capitanich, la vicegobernadora Analia Rach Quiroga y la ministra de Desarrollo Social, Pía Chiacchio Cavana, encabezaron este martes la firma del acta compromiso por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco del 15º aniversario de la aprobación de la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las autoridades provinciales estuvieron acompañadas de manera virtual por el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, e integrantes de esa cartera, como así también participaron autoridades de Niñez y Familia de los municipios chaqueños, miembros de organizaciones no gubernamentales, y trabajadores del área social.
Luego de hacer un recorrido por los hechos históricos que posibilitaron el desarrollo de esta ley, camino iniciado con la Convención sobre los Derechos del Niño, Capitanich reafirmó la vigencia de esos principios en la provincia y renovó el compromiso de trabajo con la Agenda de Desarrollo Sostenible Chaco 2030.
“Consideramos que esta ley resulta claramente, en virtud de su consenso y carácter, una guía para las políticas públicas de protección y promoción de los derechos, y su objetivo es precisamente garantizarlos”, expresó el gobernador. “Nos tenemos que comprometer con la agenda de desarrollo sostenible 2030, con esos 17 objetivos de Naciones Unidas para garantizar la inclusión y erradicar la pobreza y la indigencia, como condición clave y plena para el desarrollo sostenible de todos los países y de los niños niñas y adolescentes de nuestra provincia”, remarcó el mandatario.
En ese sentido, puntualizó en el rol del Estado para lograr este propósito: asignación de recursos, planificación y regulación del sistema. “Pero sobre todo tiene que trabajar en la concreción de esos derechos en el territorio, en coordinación con múltiples actores”, precisó, resaltando la labor de trabajadores sociales y las organizaciones no gubernamentales “que cobijan a los niños, niñas y adolescentes y trabajan para reconstruir vínculos y garantizar sus derechos”.
“Esa debe ser nuestra prioridad, garantizar los derechos a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a ser escuchados y atendidos, para que tengan capacidad plena de libertad en la construcción de su futuro”, concluyó el mandatario.
En este marco, el gobernador invitó además a las autoridades municipales a la conformación de los Consejos regionales de protección de Derechos, enmarcados en la Ley provincial 2086- C y en consonancia con el Plan Chaco 2030.
Políticas públicas y articulación intersectorial
“Hoy a 15 años de la sanción de esta ley que marcó un cambio de paradigma, nos encontramos para poder ratificar este compromiso y entender que las leyes por sí mismas no transforman las realidades injustas. Sino que se transforman desde las políticas públicas, desde la articulación intersectorial con la comunidad organizada”, expresó la ministra Chiacchio Cavana.
La funcionaria puntualizó en el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes en la provincia: “Nuestro deber y compromiso es generar las oportunidades para que cada menor de cada pueblo y paraje rural pueda tener la misma oportunidad para acceder a los mismos derechos y posibilidades para gestar sus proyectos de vida”, dijo.
Así, remarcó en distintas problemáticas que requieren de inmediata intervención y asistencia por parte del Estado como ser la prevención de embarazos adolescentes, los consumos problemáticos, y la asistencia alimentaria, entre otros.
En tanto, el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, coincidió en que las leyes “son condición necesaria pero no suficiente” para la garantía de estos derechos y que “hacen falta políticas públicas y proyectos nacionales democráticos e inclusivos”.
En ese sentido, puntualizó en que es indispensable el trabajo conjunto de las distintas áreas del Estado, ya que la problemática implica la atención a diferentes problemáticas como la vivienda, seguridad, educación y salud. “Aquí el fenómeno de la llegada al territorio con los centros de integración familiar y de primera infancia fue imprescindible”, aseguró.
