Es el primer precedente del Nordeste donde la Cámara Federal de Apelaciones sienta criterio sobre cómo interpretar los artículos 22 y 34 del Código Fiscal Penal Federal. “En una sociedad democrática hay una obligación de los funcionarios judiciales de llevar la concordia a la pacificación de la comunidad y la sociedad donde se desenvuelva” aseguró el defensor legal Paulo Pereyra.
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó este viernes el acuerdo histórico entre el Gobierno provincial y la guardia ambiental Washek. Se desestimó la postura del Ministerio Público Fiscal que apeló a la resolución del pasado 19 de mayo entre el gobernador Jorge Capitanich, miembros del gabinete provincial y líderes indígenas. En ese contexto, se realizó una audiencia oral por medios virtuales, con la presencia de la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez en representación del poder Ejecutivo.
La aprobación por parte de la Justicia federal se da meses después de que se alcanzara un acuerdo histórico entre las partes. El pasado 19 de mayo, líderes de la guardia comunitaria ambiental Washek, Reynoso y Ariel Fabián, se reunieron junto al gobernador Jorge Milton Capitanich, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez y la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar. También participaron el juez Federal Miguel Aranda y el fiscal General Carlos Amad.
Allí, el poder Ejecutivo, el poder Judicial y los líderes indígenas acordaron una serie de puntos vinculados a la entrega de armas y uniformes militares de la guardia. A su vez, el Gobierno provincial asumió un fuerte compromiso en la presencia estatal en esa zona del Norte chaqueño. A partir de allí comenzaron las tratativas para cumplir los puntos pactados en la reunión.
“Lo que hizo el Estado chaqueño fue reconocer lo pactado a través del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos” resaltó el defensor legal Paulo Pereyra.
Se emitió un decreto reconociendo la labor ambiental de la guardia, y pactaron junto a los líderes deshacerse de armas y de los uniformes con características militares que “los medios utilizan de excusa para criminalizar a esta comunidad” expresó Pereyra.
Pese a los avances, el fiscal Carlos Amad apeló el acuerdo y lo llevó a la Cámara Federal de Apelaciones. “Como defensores junto al codefensor, el abogado Kevin Nielsen, solicitamos que sea una audiencia oral y pública” explicó Pereyra. Esto implicó que no solo esté el fiscal General, sino también, en representación del poder Ejecutivo provincial, la secretaria Silvana Pérez y la ministra Zalazar.
Fue una audiencia remota a través de la plataforma Jitsi Meet en la que tuvo acceso la comunidad entera. Esto tiene que ver con una resolución que convalida el acuerdo amistoso, histórico y pacificador del Norte chaqueño. “Como también manda tanto a los fiscales y a los jueces de primera instancia a que presten especial atención a los conflictos para evitar desgastes judiciales, jurisdiccionales y apunten más a la solución alternativa de estos conflictos”, explicaron desde la secretaría de Derechos Humanos y Géneros.
Paulo Pereyra manifestó que “es muy importante el posicionamiento político e institucional de la Cámara Federal en tanto y en cuanto tengan en cuenta la solución alternativa que está en la nueva lógica que trae el Código Fiscal Penal Federal”. El artículo 22 y 34 de este nuevo Código es obligatorio para los funcionarios judiciales que intervienen en estos asuntos, donde hay mucha conflictividad social, producto de una realidad socio comunitaria compleja.
“Hay que entender que en una sociedad democrática hay una obligación de los funcionarios judiciales de llevar la concordia a la pacificación de la comunidad y la sociedad donde se desenvuelva” finalizó el defensor.
