El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó este viernes un requerimiento de instrucción judicial ante la jueza, Zunilda Niremperger, pidiendo que se abra una investigación para determinar si la intendente de Urien, defraudó a la administración pública.
Liliana Pascua, está acusada de repartir entre familiares y amigos viviendas sociales que tenían como destino familias indígenas, además de autoadjudicarse una de ellas.
La causa se inició con una denuncia presentada por el diputado provincial por la UCR, Alejandro Aradas, en base a una nota publicada en el portal Infoqom. El legislador amplió su denuncia el 20 de octubre ante la fiscalía, donde también hizo referencias a supuestas irregularidades en las facturaciones presentadas y en las contrataciones de las empresas constructoras de dichas obras.
Ante estas evidencias, el fiscal Sabadini consideró que hay elementos para abrir una investigación en la cual se le imputaría a Pascual por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública (artículo 174, inciso 5, del Código Penal).
“Conforme los hechos descriptos (…), entiendo que la conducta desplegada por la intendenta Pascua le habría permitido obtener un provecho económico en perjuicio del patrimonio de la administración pública encuadrando ello en la figura analizada”, remarcó Sabadini.
El caso
En el año 2013 el gobernador Jorge Capitanich anunciaba la construcción de 10 viviendas para el paraje La Viruela, que había sido desbastado por un tornado.
Las viviendas estaban destinadas a familias vulnerables pertenecientes a pueblos originarios, pero la intendente Liliana Pascua, relocalizó las mismas para construirlas en Enrique Urien y terminaron siendo ocupadas por la propia intendente Liliana Pascua y familiares, según denunció el diputado de la UCR Alejandro Aradas, en complicidad de -por aquel entonces presidente del Ipduv y actual funcionario de Gustavo Martínez – Hugo Acevedo.
Las adjudicaciones de las casas fueron «otorgadas» una a la propia intendente de Enrique Urien, Liliana Pascua; otra a su cuñado: José Víctor Vargas, hermano del actual Presidente del Consejo (pareja de L. Pascua); una tercera a su tío: Sixto Irineo Zalazar, subsecretario de gobierno; otra vivienda fue destinada a la madre: Adela Palmira Pascua (aunque aseguran que reside en una mansión propiedad de L. Pascua en Villa Ángela); y una última a Adela Szulak, ex presidente del Consejo Deliberante, en dos oportunidades.
“Estos son hechos de impunidad que duelen y perjudican a todos los chaqueños que realizan su trámite y llevan sus carpetas para solicitar una vivienda y se encuentran con el poder político avasallante”, expresó días atrás el legislador, quien solicitó al Ipduv que reasigne las viviendas que fueron “mal otorgadas”.
Aradas denunció malversación de fondos del municipio
Aradas, estuvo con Bruno Emanuel Ayala, un vecino de Villa Ángela que, según las facturas del Municipio de Enrique Urien, habría cobrado entre los meses de septiembre y diciembre del año 2014 una suma superior a los 450 mil pesos, por obras realizadas «en viviendas rurales» ($65.233), «pavimento urbano» ($37.800), «elaboración de proyecto de parque» ($10.600), «obras en viviendas con provisión de materiales y mano de obra» ($82.700), «proyecto más cerca» ($26.000), «trabajos realizados en predio del Ferrocarril» ($63.600), «pavimento urbano» ($82.966), «obras en viviendas con provisión de materiales y mano de obra» ($40.297), «obra en viviendas» ($30.000), «pavimento urbano» ($18.000).
Si bien las facturas llevan el nombre de Ayala, el hombre aseguró en diálogo con el legislador que nunca recibió dinero por parte del municipio. «Yo me enteré que estaban estas facturas, pero nunca recibí ni un peso».
«Desde el municipio de Enrique Urien, falsearon documentación a tu nombre, para justificar $82.700, que no tenés idea a dónde fue», le dijo Aradas al vecino que denunció las irregularidades.
«La verdad que a medida que vamos investigando, esto parece ser una operatoria de corrupción cada vez más grande. A medida que vamos preguntando, surgen pruebas contundentes de que hubo malversación de fondos en Enrique Urien», sostuvo el legislador.
«Lo que estamos haciendo acá es defendiendo el dinero de todos los chaqueños; estos eran fondos nacionales», afirmó Aradas en referencia al dinero facturado al trabajador de Villa Ángela. «Nosotros hemos presentado la denuncia penal contra el municipio de Urien», señaló.
