Se trata de una iniciativa de la diputada Jessica Ayala, que tiene como objeto «proteger a la persona gestante ante cualquier hecho de violencia obstétrica sobre su cuerpo o en el proceso reproductivo, sea durante el embarazo, el parto y posparto, que pudiera ser ejercida por agentes administrativos, profesionales o cualquier personal de salud pública o privada».
El lunes, la comisión de Desarrollo Humano y Salud dictó despacho favorable y unánime al proyecto de ley número 336/2020 sobre violencia obstétrica, allanando el camino para su tratamiento en la Cámara de Diputados del Chaco, ante la importancia de contar con un marco legal y políticas públicas de visibilización y erradicación de la problemática en gestantes durante el embarazo, parto y postparto.
La autora participó de la reunión y fundamentó el proyecto, además de explicar las modificaciones que se introdujeron al texto teniendo en cuenta las sugerencias de la Asociación de Obstétricas del Chaco, tras lo cual la cartera legislativa definió acompañar la iniciativa de manera unánime.
Marco legal
“En Argentina con la reforma constitucional de 1994 se incorporaron diferentes instrumentos legales internacionales a los derechos humanos: entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas y Discriminación contra la Mujer , conocida por sus siglas en inglés como (CEDAW), que en su artículo 12 sostiene que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad y garantizar a la mujer servicios apropiados en relación al embarazo, parto y posterior al parto”, expresó la diputada justicialista Jessica Ayala.
Ayala recordó la ley 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres en el ámbito de sus relaciones.
Fin para el trato deshumanizado
“La violencia obstétrica es una modalidad de violencia a las mujeres y es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos productivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado en el abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad a la ley 25.929 de parto respetado. Dicha normativa conocida como parto respetado y humanizado normativa establece en sus artículos de los derechos de las mujeres gestantes durante el embarazo, parto y postparto”.
Ayala detalló que “en el plano regional, la comisión de Belém do Pará tiene un comité de expertas, donde se establecieron pautas de regulación de derechos entendiendo que la mujer es sujeto de especial protección, sobre todo en estado de vulnerabilidad cuando las mujeres está a punto de parir”. Y agregó: “Fue el primer mecanismo de reconocer la violencia obstétrica como violación de los derechos humanos”.
Por otra parte, subrayó: “La violencia obstétrica durante años ha sido invisibilizada y naturalizada. Los relatos y testimonios de mujeres que se animan a contar lo vivido es un paso fundamental para que empecemos a hablar de la problemática”.
