El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta noche, tras una votación ajustada, convertir en ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una iniciativa que afectará los ingresos de casi 18 millones de personas entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales y que resulta clave para el Gobierno para ajustar el gasto público.
Tras un intenso debate, que contó con la presencia de la titular de la Anses, Fernanda Raverta, la iniciativa se aprobó con 132 votos afirmativos y 119 negativos. El bloque del Frente de Todos, presidido por Máximo Kirchner, logró el apoyo de los diputados de los bloques Unidad para el Desarrollo Federal, que preside José Ramón, así como también de los cuatro legisladores que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti, entre otras bancadas aliadas.
Desde la oposición, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, anticipó el voto negativo de su bancada. El cordobés, en su discurso de cierre, acusó al oficialismo de pecar de «cinismo» y llevó a su banca, a manera de recordatorio, una de las piedras con que se atacó al Congreso en 2017 cuando se discutió, durante el gobierno de Mauricio Macri, la última ley de movilidad jubilatoria.
«Esta piedra la traje para recordar lo que pasó hace tres años. Estoy convencido de que la democracia nunca puede ir de la mano de la violencia. Estoy convencido de que negar la violencia y hacerse aplaudir como justo es cinismo puro», sostuvo el cordobés.
Máximo Kirchner, en el discurso de cierre del debate, devolvió el guante y llevó a su banca las supuestas balas de goma con que las fuerzas de seguridad reprimieron las manifestaciones en diciembre de 2017. «Estas son las balas de goma que ustedes usaron. Y las muestro solamente porque ustedes trajeron las piedras. Ustedes no son resistentes, ustedes son el poder de la Argentina. Resistir, resistieron los compañeros y compañeras, afuera de la plaza en 2017», retrucó el jefe del bloque kirchnerista.
La nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que entrará en vigencia a partir de enero del año próximo, excluye a la inflación como componente de actualización de los haberes, lo que mereció la crítica sostenida de Juntos por el Cambio y de Consenso Federal, como también de los diputados de izquierda. Los opositores advirtieron que, con esta norma, los haberes jubilatorios perderán poder adquisitivo frente al alza del costo de vida y reclamaron que, al menos, se incluya en el texto una cláusula que garantice que esto no ocurra. Fue en vano: el oficialismo rechazó el pedido.
El proyecto oficialista aprobado, en cambio, propone actualizaciones trimestrales de los haberes mediante una fórmula cuyo 50% combina la variación de los salarios según el Indec (que incluye a los trabajadores informales) y el Ripte (que mide el Ministerio de Trabajo), de ambos valores toma el mejor. El otro 50% se definirá según la variación de la recaudación tributaria que va a la Anses, por beneficiario. El aumento resultante tendría un tope dado por la variación interanual de la recaudación total del sistema previsional, por beneficiario, aumentada en un 3%.
Según el oficialismo, con esta fórmula los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales no perderán poder adquisitivo pues, estiman, el año próximo se prevé un crecimiento de la economía de al menos un 5% y, con él, un aumento en los salarios y de la recaudación.
