Mediante un comunicado, el directorio de la primera circunscripción provincial de la entidad se refirió al hecho que ocurrió recientemente.
A continuación compartimos el documento correspondiente a dicha situación.
El Directorio del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes expresa su más enérgico repudio y su profunda preocupación por el impedimento de la labor profesional, agresiones físicas y posterior detención sufridas por el abogado matriculado Aldo Fabián Sánchez Martínez, por parte del personal de la Comisaría Segunda Urbana de la ciudad de Corrientes, en oportunidad de ser convocado a asistir a un cliente que requirió de sus servicios.
Las conductas denunciadas por el colega y de las que fuera víctima, esplegadas por los miembros de la fuerza policial, constituyen prácticas claramente violatorias de los derechos humanos e impropias de un
sistema democrático.
En este caso no sólo se violentó el libre ejercicio profesional de la abogacía al impedírsele intervenir en defensa de su cliente, sino que también se le privó de elementales garantías constitucionales de las que debe gozar cualquier ciudadano, al sufrir agresiones físicas y privársele de su libertad ambulatoria de manera ilegítima.
“El abogado tiene el deber de prestar su asistencia en resguardo de los intereses de las personas que lo requieran y cuya defensa acepte, y el derecho de cumplir ese deber con la máxima libertad establecida
por la ley…Toda agresión que se anuncie o materialice, cualquiera sea su origen, agravia al mismo tiempo que a la persona a sus legítimos intereses, al Estado de Derecho. …” (Rio Cuarto 11-10-1974 –
Junta de Gobierno de FACA)
Nuestra institución expresa un sincero apoyo al matriculado afectado y manifiesta su total solidaridad ante esta situación, reiterando enfáticamente el más absoluto reproche a este tipo de comportamientos,
que constituyen una afrenta a la plena vigencia del Estado de Derecho.
Una vez más nos vemos obligados a reprobar enfáticamente todo acto que directa o indirecta, expresa o veladamente restrinja el libre ejercicio de la profesión de abogado y que afecte con ello el elemental e indispensable derecho de acceso a la justicia y las garantías de inviolabilidad de la defensa en juicio.
En consecuencia, reiteramos y revalidamos a la abogacía y a la función del abogado como herramienta eficaz y necesaria para el afianzamiento y consolidación del estado de derecho y el pleno ejercicio de las
libertades y derechos ciudadanos.
Apelamos a las autoridades intervinientes en aras de la determinación de las responsabilidades administrativas y penales en virtud de las conductas denunciadas por el colega y de las que fuera víctima, desplegadas por los miembros de la fuerza policial y exigimos la urgente adopción de las
medidas pertinentes a fin de impedir la continuidad de prácticas reñidas con la Constitución Nacional y con las elementales normas de convivencia y decoro, atentatorias del libre ejercicio profesional de la abogacía.
Para finalizar, llamamos a la reflexión e instamos a deponer todo tipo de actos como las que motivan este pronunciamiento, invitando a trabajar en la construcción de una sociedad armónica, en la que impere la justicia, la solidaridad, la equidad, la libertad y la dignidad, con plena vigencia de valores tales como la tolerancia y el respeto mutuo, personal y colectivo hacia las instituciones democráticas y republicanas de gobierno, como fundamento para la superación de toda crisis y para que podamos lograr
el anhelado orden y paz social.
