La Provincia concentrará, en el plan nacional ENIA, todos los instrumentos legales y las políticas públicas que ya vienen implementando los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. Implica la creación de asesorías y consejerías en escuelas y en ámbitos no escolarizados, diagnósticos situacionales, mapas de seguimiento, la promoción de la salud sexual y reproductiva, acceso a métodos anticonceptivos, entre otros mecanismos de abordaje territorial.
El gobernador Jorge Capitanich y la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, junto a ministras y ministros firmaron este jueves el acuerdo de implementación del plan nacional de prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), en la provincia. El mismo se pondrá en marcha a través de un trabajo articulado entre los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud y se implementará en primera instancia en los departamentos San Fernando, Chacabuco y Güemes.
“Cuando planteamos una agenda social de temas urgentes, instituimos la necesidad de garantizar una serie de derechos como la alimentación, la educación sexual integral, y una mirada especial a las personas en situación de calle, entre otros. Este plan es una iniciativa que exige coordinación y cooperación para la articulación de respuestas y dispositivos de políticas públicas que ya existen, basadas en evidencias y orientadas a resultados, con metas de cobertura e impacto”, aseguró el gobernador.
El dispositivo conlleva la realización de un diagnóstico de situación de adolescentes y un mapa de actores en el territorio, así como el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para docentes y acompañamiento pedagógico en las instituciones. También se dispondrán asesorías en salud integral tanto para jóvenes en las escuelas secundarias, como para adolescentes no escolarizados, facilitando el nexo con los centros de salud y garantizando la confidencialidad.
Otro dispositivo a implementar es el de fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva con consejerías y colocación de métodos anticonceptivos con consentimiento de las y los adolescentes.
“Este convenio viene a reforzar un trabajo que se realiza desde el 2017 desde el Ejecutivo nacional y provincial con apoyo de organismos internacionales”, señaló Analía Rach Quiroga, advirtiendo que “la provincia tiene un alto índice de embarazos no intencionales en la adolescencia y es por eso que se debe accionar y trabajar de manera articulada”. Y finalizó haciendo un repaso por la legislación y tratados vigentes que protegen e intervienen en esta problemática.
La ministra de Desarrollo Social, Pía Chacchio Cavana, indicó que el plan Enia hoy encuentra un grado de mayor articulación en la provincia con el esfuerzo que vienen realizando los equipos tanto de Desarrollo Social, Educación y Salud Pública.
“El embarazo adolescente acentúa desigualdades sociales y se ve agravado por situaciones de pobreza, donde niñas y adolescentes tienen escaso acceso a información sobre métodos anticonceptivos”, sostuvo, y mencionó: “hay que tener en cuenta que de acuerdo a las estadísticas y al relevamiento bimestral del Plan Enia, el 70 por ciento de estos embarazos, no son deseados”.
Por último, la funcionaria manifestó que hay que tratar dos temas muy importantes ya que por un lado existe una situación de violencia y de abuso sexual en la adolescencia y por otro lado es necesario profundizar en el acceso a los métodos anticonceptivos para que de esta forma se pueda cumplir con un derecho humano fundamental, como lo es la libertad reproductiva.
Fortalecimiento en la concientización y sensibilización
La ministra de Salud Pública, Paola Benítez, señaló que se trata del “afianzamiento de los vínculos y articulaciones que se vienen llevando adelante entre los tres ministerios”. “Tenemos varios equipos trabajando y la idea es poder fortalecer y replicar las labores en otros puntos de la provincia. Queremos llegar a toda la población y sobre todo a los menores de 15 años para que puedan acceder a los conocimientos necesarios para poder protegerse y evitar embarazos no intencionales”, expresó.
“Lamentablemente sabemos que la tasa de embarazos adolescentes está fuertemente asociada a vulneración de derechos, sobre todo por abuso sexual en las infancias. Necesitamos desarrollar estas líneas de acción que facilitan la visibilización y la concientización porque sabemos que el 80% de los embarazos adolescentes no intencionales está asociado a un abuso sexual en la infancia. Debemos apuntar la educación sobre las posibilidades y métodos de cuidado para prevenir estos embarazos y sobre las herramientas en materia de leyes con las que se cuentan para protegerlos”, remarcó Paola Benítez.
De la firma también participó la ministra de Educación, Daniela Torrente, y participaron la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez; las subsecretarias de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Cavana, de Educación, Rosana Cisneros, y de Salud Comunitaria, Carolina Centeno, así como el subsecretario de Prevención de la Salud, Atilio Plitcha.
También estuvieron la coordinadora nacional del programa de Embarazo no Intencional en la Adolescencia, Valeria Islas; la responsable del área de implementación en las provincias de este programa, Delia Zanlungo; la directora nacional del Sistema de Protección, Mariana Melgarejo; la referente provincial de ESI, Susana Ramírez; la referente provincial por Salud Sexual y Reproductiva, Natalia Kolawzkoski; la referente de la Dirección de Adolescencias y Juventudes, Liliana Encisa; y referentes y equipos focales territoriales de los tres ministerios.
