Tras la medida cautelar de la jueza civil y comercial N° 19, Marta Aucar De Trotti, que frenó la aplicación de la ley interrupción voluntaria del embarazo, el gobernador Jorge Capitanich manifestó que pese «a su posición contraria a la ley», es ley suprema de la Nación, y que hay competencia federal y aplicación».
El mandatario explicó que “cuando existe una ley federal de alcance nacional tenemos que regirnos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, como gobernadores somos agentes del gobierno federal y tenemos que respetar la Constitución y las leyes supremas que garantizan su ejercicio desde el punto de vista constitucional”.
«Nosotros vamos a acatar la decisión que emane de los poderes constituidos del Estado. La ley se tiene que aplicar, si hay una manda judicial deberá evaluarse el proceso. Mientras ocurre el proceso nosotros vamos a evaluar su aplicación”, indicó Capitanich.
En este orden, el ejecutivo provincial consideró que, «primero la Provincia tiene que ser notificada; segundo, tenemos que tener el dictamen correspondiente de todas las áreas pertinentes; tercero, el protocolo de aplicación conforme a la normativa vigente a nivel nacional y, cuarto, tenemos que ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público”.
Por último, recalcó que la IVE “es una ley, todas las leyes deben ser cumplidas. Cuando existe una objeción de carácter judicial debe acatarse como cualquier recurso de amparo. Ahora, eso tiene un carácter transitorio”.