La Justicia Federal ordenó al Sanatorio Otamendi a suministrarle dióxido de cloro intravenoso a un paciente de coronavirus que estaba internado en grave estado. Lo hizo como respuesta a una medida cautelar presentada por la familia del enfermo.
El fallo causó conmoción entre la comunidad médica porque se trata de una sustancia potencialmente tóxica, peligrosa para la salud, que no tiene eficacia demostrada en el tratamiento de covid-19 y que no cuenta con la autorización de la Anmat. El paciente que recibió este tratamiento murió.
El juez federal Javier Pico Terrero determinó que el paciente Oscar Jorge García Rúa sea tratado con nebulizaciones de ibuprofeno de sodio y de dióxido de cloro, indicación que había dado el neurocirujano personal del hombre, Dante Convert. Fue el hijastro del paciente quien presentó la medida judicial y pidió una resolución urgente.
El magistrado consideró que la cobertura de los tratamientos indicados “no ocasionaría un grave perjuicio para la demandada, pero evita, en cambio, el agravamiento de las condiciones de vida de la actora” y por lo tanto hizo lugar a la demanda de los familiares del paciente.
El fatal desenlace provocó una ola de repudio por parte de diversos espacios algunos de ellos fue la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva quien emitió un comunicado al respecto.
