El Gobierno está apostando a que los controles de precios -en sintonía con un freno en el ritmo de devaluación del peso y las tarifas congeladas- puedan bajar la inflación del 4% al que llegó en enero. En los últimos días intensificó las fiscalizaciones y especialmente los anuncios de esas fiscalizaciones.
El jueves, la Secretaría de Comercio Interior creó un organismo especial que se encargará de coordinar los controles en todo el país, ayudado por los gobiernos provinciales. Quiere homogeneizar los precios y las herramientas de presión más allá de la Ciudad de Buenos Aires.
El viernes informó que en la semana habían clausurado 22 establecimientos por incumplimientos tras realizar 174 inspecciones. El sábado, como se había anunciado, los movimientos sociales salieron a recorrer los supermercados en un tarea voluntaria.
Representantes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) chequearon que los precios de las góndolas coincidieran con los establecidos por Comercio. Si no lo hacen, ellos se encargan de hacer las denuncias ante la Secretaría de Comercio. Los organismos prometieron desplegar en todo el país más de 20.000 militantes para supervisar 1.000 supermercados.
Y ayer, la dependencia que dirige Paula Español informó que también se están sumando a las fiscalizaciones empleados de la AFIP, como lo habían hecho en marzo pasado en el arranque de la pandemia.
El viernes fue el primer día en que inspectores de Comercio y AFIP salieron juntos a vigilar los precios. Hicieron, según contaron desde la Secretaría, 53 inspecciones en el área metropolitana, elaboraron 14 actas por infracciones a Precios Máximos y se verificaron faltantes de productos del programa Precios Cuidados.
Comercio aclaró que los inspectores de la AFIP solo controlan los precios, dando a entender que no tienen como misión una fiscalización impositiva. “Sin embargo, la normativa también prevé que podrán realizar inspección e instrumentación de infracciones ante incumplimientos a la Ley de Abastecimiento (Ley 20680); de Defensa del Consumidor (Ley 24.240); y de Lealtad Comercial (Ley 22.802), entre otras”, agregaron.
En las inspecciones, los funcionarios comparan que los precios indicados en caja y góndola coincidan con los listados consignados para la tarea de fiscalización.
En caso de que un comercio incumpla con estos parámetros se les exige que reduzcan esos precios y se labran actas intimando a los dueños o encargados a dar las explicaciones del caso y presentar documentación que las acredite frente a la Secretaría de Comercio Interior.
En el caso de que las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola. Pasado ese tiempo se verifica la corrección en los precios y, de ser así, se levanta la clausura.
El Gobierno está buscando bajar la inflación por varios frentes: intenta un acuerdo de precios y salarios, un menor deslizamiento del dólar oficial, subas acotadas de precios regulados (excepto combustibles) y posibles limitantes sobre las exportaciones, según indican en Ecolatina. Pero las consultoras ya ven un piso de 3,3% para febrero.
Fuente: Perfil.-
