Los empleados vaticanos que «sin comprobadas razones de salud» rechacen darse la vacuna contra el coronavirus, podrán ser castigados con sanciones de diverso tipo «que pueden alcanzar la interrupción de la relación de trabajo», según un decreto del 8 de febrero que lleva la firma del Gobernador del Estado, el cardenal Giuseppe Bertello.
La norma publicada en el sitio oficial vaticanstate.va, incluida en un decreto en materia de emergencia sanitaria pública, se basa en razones de «tutela de la salud de los ciudadanos, de los residentes, de los trabajadores y de la comunidad de trabajo» y recupera una ley de 2011 en la que se establecen las sanciones a quien ponga en riesgo la salud pública.
El decreto del cardenal Bertello subraya en la introducción que «someterse a la vacunación se considera la toma de una decisión responsable, dado que el rechazo de la vacuna también puede constituir un riesgo para otros y que dicho rechazo podría aumentar gravemente los riesgos para la salud pública».
Además de la posibilidad de despidos, el decreto recuerda la prohibición de reuniones, la necesidad de distanciamiento físico, la adopción de equipos de protección personal, normas de higiene, protocolos terapéuticos y «protocolos de vacunación», y adjunta una tabla con las sanciones que van desde los 25 euros si no se usa barbijo hasta los 1.500 euros en caso de infracción de la cuarentena.
El Vaticano inició en enero una campaña de vacunación con el fármaco de la firma Pfizer con el que espera alcanzar a sus casi 5.000 trabajadores, además de los miembros de sus familias que estén inscritos en el servicio sanitario de la Santa Sede.
El papa Francisco recibió ya la dos dosis de la vacuna, al igual que el papa emérito Benedicto XVI.
