La secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, Silvana Pérez, se refirió a la apelación del gobierno provincial de la medida cautelar de la jueza Aucar de Trotti, que frenó la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso Nacional a fin de año y promulgada por el presidente Alberto Fernández el pasado 15 de enero.
La Fiscal de Estado de Chaco, Cecilia Fernández Almendra, apeló ante la Cámara Civil y Comercial de Resistencia la resolución judicial de la jueza Marta Aucar de Trotti que dejó sin efecto en toda la provincia De esta manera, la aplicación de la Ley 27.610 en la provincia dependerá del fallo de la Cámara, o bien del recurso de inhibitoria presentado por el Procurador del Tesoro de la Nación este martes.
Entre los argumentos para la apelación, la Fiscalía de Estado presentó dos consideraciones: en primer lugar, la incompetencia por razón de la persona y la materia, exponiendo que se trata de una ley consagrada por el Congreso de la Nación y que establece específicamente en su articulado que será el órgano de aplicación el Poder Ejecutivo Nacional.
“Es un derecho que ya está consagrado, es ley, y que se ganó en un debate. Por supuesto va a tener diferencias y tensiones, como cualquier derecho a lo largo de la historia, y sobre todo en lo que hace a los derechos de las mujeres y de los géneros y disidencias”, sostuvo la funcionaria en diálogo por Ciudad TV.
«Es una decisión arbitraria de la juez, en tanto es una ley nacional que ha permitido una ardua discusión y un tratamiento en el Congreso, es una ley que es democrática», señaló Pérez y agregó que “nuestro país funciona de manera federal por lo tanto las leyes nacionales rigen en las provincias, nos rigen a todos. No puede la competencia de una justicia provincial no respetar una ley que ha sido sancionada nacionalmente en un país de espíritu federal”.
Respecto a la apelación de la Fiscalía de Estado del Chaco, indicó que apunta a la cuestión de la competencia federal y está en sintonía con otra presentación de la Procuración General del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini. “Esta cuestión de opinión de un sector tiene que ser dada en el lugar que corresponda, que es en la justicia federal, porque el asiento de esta ley está en Capital Federal”, afirmó.
Sobre los pedidos de juicio político contra la jueza Aucar de Trotti, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco advirtió que fueron planteados por organizaciones feministas y de la sociedad civil, y aclaró que “el Estado lo que ha hecho, al igual que el Estado nacional, es dar cuenta de la protección de la democracia, de un Estado federal y de las leyes y derechos que el Estado federal define, respetando la provincia una decisión que se discutió ampliamente en el Congreso”.
