La Cámara Federal de Casación dejó firmes los procesamientos por espionaje ilegal al extitular de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas, y a su exsegunda, Silvia Majdalani, al rechazar apelaciones presentadas contra un fallo dictado en La Plata.
El máximo tribunal penal federal del país tomó esta decisión en la investigación por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, según los fallos a los que tuvo acceso Télam.
«La decisión puesta en crisis (la apelada) no resulta equiparable a una sentencia definitiva por sus efectos, en la medida en que no ha sido demostrado en lo concreto, ni se advierte, que cause un daño de imposible o tardía reparación ulterior», concluyeron los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky.
Los fallos se firmaron en simultáneo a la decisión de confirmar que la investigación debe seguir su trámite en los tribunales federales de Retiro y no en Lomas de Zamora.
Los procesamientos de ambos ex funcionarios fueron resueltos el 4 de agosto pasado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y confirmados el 17 de diciembre último por la Cámara Federal de La Plata.
Arribas y Majdalani están procesados sin prisión preventiva por espionaje ilegal, tienen prohibida la salida del país y quedaron embargados por dos millones de pesos.
Por otro lado, se rechazó un planteo de «excepción de falta de acción» por parte de Majdalani para que se cierre esta causa en su contra, al argumentar que ya fue investigada y sobreseída por los mismos hechos en un juzgado de Comodoro Py.
Casación rechazó un recurso de queja presentado al respecto por la exfuncionaria de Cambiemos.
El máximo tribunal penal federal del país dejó firme también el procesamiento de Martín Coste, exjefe de Contrainteligencia de la AFI en el Gobierno de Mauricio Macri.
Coste está procesado por «falsedad ideológica y abuso de autoridad», con un embargo de 700 mil pesos y prohibición de salida del país.
Las maniobras investigadas ocurrieron entre julio y agosto de 2018, cuando se realizaron «tareas de observación y vigilancia frente a la sede del Instituto Patria (en la calle Rodríguez Peña 80) y en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, (en la calle Juncal), ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según los procesamientos
