El bloque de diputados de la UCR dio a conocer un documento fijando posición respecto de la situación por la que atraviesa el sector docente.
“Indignación, bronca, enojo, tristeza, angustia, injusticia, incertidumbre, hartazgo, desesperanza, son estos los sentimientos que embargan a miles de chaqueños frente a la embestida del gobierno provincial contra el sector docente que, con justa razón, rechaza la denigrante propuesta de recomposición salarial realizada por el gobernador Jorge Capitanich”, manifestaron los legisladores.
“A fin de avanzar en un análisis que permita comprender la magnitud de la situación, indefectiblemente debemos contextualizar lo que representa la educación para el modelo gobernante: un gasto”, remarcaron.
Los diputados recordaron que en los años 90, el menemismo puso en marcha un proceso de descentralización educativa. “A partir de ese momento todas las instituciones no universitarias que dependían del Estado nacional se transfirieron a las jurisdicciones provinciales, sin presupuesto, con lo cual muy lejos de ser una medida dirigida a aumentar los niveles de la calidad educativa fue funcional a una estrategia pergeñada para reducir la participación económica del Estado nacional en materia educativa”, señalaron.
“Años más tarde, Cristina Kirchner se refería a los docentes como una casta privilegiada, que goza de estabilidad laboral, trabaja apenas 4 horas y tiene 3 meses de vacaciones, lo hacía destacando que su gobierno destinaba el 6% del PBI nacional a educación, cuestión refutable si tenemos en cuenta que el porcentaje aludido se destina al ‘Ministerio de Educación de la Nación’, organismo sin escuelas a su cargo”, añadieron.
“La desvalorización por la tarea docente no es distinta en el Chaco. En campaña electoral, el 11 de septiembre 2019, día del maestro, Jorge Capitanich firma un acuerdo marco con el frente gremial docente por el cual, entre otros puntos, se comprometía a:
- “Resignificar el rol fundamental de los trabajadores de la educación sumergidos en un 80 por ciento en la pobreza producto de los brutales ajustes a los que han sido sometidos”
- “Cumplimiento del artículo 83 de nuestra constitución y especificación de cómo se compone el piso de 33% de inversión educativa. Transparencia y publicación”
- “Cumplimiento y continuación del acuerdo vigente con el actual gobierno, de cláusula gatillo en relación al índice de inflación”
- “Actualización y recomposición salarial al valor del punto, no en montos en negro”
- “Cláusula gatillo en relación al incremento de la coparticipación”
“Ya en funciones anuncia que enviará un paquete de leyes a la Cámara de Diputados a fin de “garantizar” la aplicación del artículo 83 de la Constitución provincial por el que se establece: “…El fondo de la educación estará formado por el 33%, como mínimo, de los recursos que ingresen al Tesoro Provincial…”. La Constitución es la madre de todas las leyes, no se necesitan otras leyes para su cumplimiento, solo integridad moral”.
“En 2020, lo asignado a educación representó el 25% del total de recursos provinciales pese a que en ese mismo año la coparticipación creció un 60% respecto de 2019, y el incremento salarial otorgado por Capitanich al sector docente fue del 7.8% mas clausula de revisión. Hasta el día de hoy no se revisó nada. Se escondieron detrás de la pandemia para sostener el relato”.
“En el presupuesto 2021 no hubo variaciones respecto de lo destinado a educación, 25%. En enero de este año la coparticipación creció un 4% respecto del mismo mes en 2020, y en febrero fue mayor, un 5.8%, promedio del bimestre 4.9%. Si lo proyectamos a lo largo del año, el crecimiento de la coparticipación 2021 superará ampliamente el 50% respecto del año anterior, sin embargo la oferta salarial al sector docente es del 12% más $2000 en negro”.
“La paritaria nacional docente acordó un aumento del 34.6% y cláusula de revisión. Corrientes anunció un incremento al básico del 46%. Santiago del Estero 47%. Misiones 30%. Santa Fé 30% mas cláusula gatillo. San Juan 50%. San Luis 40%. Tucumán 30%. Entre Ríos 33%”, y así otras.
“Dicho esto, queda claro que el problema del Chaco no tiene nada que ver con disponibilidad de recursos sino con la decisión política del gobernador Capitanich de NO invertir en educación (ni en otros sectores sensibles) a fin de sostener el drenaje del dinero público por los agujeros negros de la corrupción”.
“La educación es un derecho Constitucional, y el Estado es responsable de garantizarlo. Exigimos al gobernador Capitanich el cese inmediato de intimaciones y actuaciones administrativas y/o judiciales a los docentes como así también de acciones represivas dispuestas por el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. Del mismo modo se convoque en forma urgente al diálogo a los sectores involucrados a fin de diseñar, entre todos, una oferta salarial superadora que permita a alumnos y docentes volver a las aulas”, finalizó el comunicado del bloque UCR de diputados.
