La jueza en lo Criminal y Correccional Yamile Bernán se declaró incompetente y derivó al fuero federal porteño una denuncia contra referentes del PRO por presunta «incitación a la violencia» a raíz de los episodios en una marcha opositora el 27 de febrero último, como la colocación de bolsas de residuos simulando bolsas mortuorias con cadáveres en Plaza de Mayo.
La magistrada dio la razón al fiscal Juan Pedro Zoni, quien dictaminó por el pase del caso a Comodoro Py al entender que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el artículo 212 del Código Penal que reprime a quien «públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”, según informaron fuentes judiciales.
Bernán envió el caso a sorteo de un juzgado federal al compartir el criterio fiscal y sostuvo que «las conductas a analizar son las manifestaciones -verbales y físicas- y expresiones de odio, tendientes a promover actos de violencia -que incluyen la muerte- de un sector del arco político nacional, entre los que se encuentran funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y referentes de dicho sector».
«Es justamente esta indeterminación de los actos de violencia que se reprochan haber sido incitados el 27 de febrero de este año frente a la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos -entre otros lugares destacados del país-, que se dirigen contra un grupo de personas que tampoco se encuentra debidamente identificado», agregó la magistrada.
Además sostuvo que «se suma, indudablemente, el grado de perturbación al desenvolvimiento social que podría traer aparejada una conducta como la analizada, cuando es dirigida contra el Presidente de la República Argentina, lo que torna la cuestión de un particular interés nacional y ratifica la necesidad de intervención del fuero federal».
En la denuncia se pidió investigar como presuntos autores a actuales funcionarios públicos de Juntos por el Cambio, entre ellos el senador Martín Losteau y los diputados Mario Negri, Fernando Iglesias y Cristian Ritondo, argumentó además la jueza.
La denuncia presentada por el «Instituto Independencia» se dirigió además hacia la referente del PRO Patricia Bullrich y a José Luis Espert.
Entre otros episodios se aludió a la colocación en la reja frente a la sede de la Casa de Gobierno de bolsas de residuos rellenadas, que simulaban ser «bolsas mortuorias» con nombres como el de Estela Carlotto, Daniel Scioli, «Los vacunados de Ginés» y «El hijo de Moyano», entre otros.
Fuente: Télam