Benjamin Netanyahu hizo un «uso ilegítimo» del poder, declaró el lunes la fiscal general Ben-Ari en la reanudación del juicio por corrupción contra el primer ministro de Israel. A sus 71 años, Netanyahu está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza en tres casos que lo acorralan. Pero «Bibi» niega los cargos y este lunes llegó a comparar el juicio con un «intento de golpe de Estado».
En los alrededores del tribunal, manifestantes que desde hace meses piden la renuncia de Netanyahu lucían pancartas que rezaban «Mentiroso» y «Vigilamos la democracia». El juicio se retomó ayer y se prevé que incluya tres audiencias semanales por un período de tiempo indefinido. En paralelo el presidente de Israel Reuven Rivlin inició la ronda de consultas con distintas fuerzas políticas para formar gobierno tras los comicios del pasado 23 de marzo, los cuartos en dos años.
«Todos son iguales a los ojos de la ley y todas las personas son iguales ante el tribunal y ante los jueces; los más grandes y los más pequeños, los ricos y los pobres, los que tienen más y menos poder», dijo la fiscal general del Estado, Liat Ben-Ari, apenas iniciada la audiencia. Luego argumentó que Netanyahu hizo un mal uso del «gran poder gubernamental que se le confió, entre otras cosas, para exigir y obtener beneficios indebidos de los propietarios de los principales medios de comunicación en Israel con el fin de promover sus intereses personales, incluso cuando aspiró a ser reelecto».
Ben-Ari puntualizó que este presunto comportamiento ilegal «revela un punto de intersección entre el deseo de un empresario de disfrutar los inmensos poderes del cargo de primer ministro y el deseo del primer ministro de generar una puerta abierta para poder influenciar en los medios de Israel». La fiscal subrayó que la acusación «está fundamentada en un amplio tapiz de pruebas, incluidas pruebas directas y circunstanciales», entre las que figuran «grabaciones de llamadas y mensajes de texto» que demostrarían «de forma clara y total lo que aparece descrito en la imputación».
Netanyahu estuvo presente en el tribunal del distrito de Jerusalén para las declaraciones iniciales de la fiscal pero se fue antes de la comparecencia del primer testigo, Ilan Yeshua, exdirector general del portal de noticias Walla. Yeshua está vinculado al más grave de los tres casos de corrupción contra el primer ministro, el conocido como «Caso 4.000», en el que se lo acusa de haber favorecido al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable en Walla, ambos controlados por el mismo empresario, Shaul Elovitch.
El testimonio de Yeshua incluyó precisos detalles sobre el día a día de la redacción de Walla. Dijo que constantemente llegaban pedidos o indicaciones desde la oficina de Netanyahu, a quien los redactores incluso llegaron a apodar «Kim», en referencia al líder norcoreano Kim Jong-un. «Estaba claro que éramos un sitio de Internet que hacía lo que la oficina del primer ministro nos decía que hiciéramos», afirmó ante los jueces Yeshua.
«Esto es un intento de golpe de Estado», fue la respuesta de Netanyahu en una escueta conferencia de prensa poco después del final de la audiencia del lunes. Además describió al procedimiento como una «caza de brujas» en su contra y acusó a la Fiscalía de «abuso de autoridad» por haberse valido de la policía para, según denunció, obtener información suya y de su familia.
Netanyahu, la primera persona en la historia de Israel en ser imputada mientras ocupa el cargo de primer ministro, está acusado de recibir sobornos y cometer fraude y abuso de confianza en tres casos separados. El más grave de ellos es el «Caso 4.000», en el que hace frente a cargos por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.
En el «Caso 1.000», el primer ministro está imputado por fraude y abuso de confianza por recibir regalos ilícitos (entre los que se encuentran botellas de champagne y habanos) valuados en 700 mil shekels (cerca de 212 mil dólares) a cambio de favores. Por otra parte, en el «Caso 2.000» Netanyahu está acusado de haber negociado con Arnon Mozes, propietario del diario Yedioth Ahronoth, para garantizar una cobertura mediática favorable.
Fuente: Página 12
