Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara anoche la suspensión de la presencialidad en las escuelas del AMBA por dos semanas desde el 19 de abril, emitieron un comunicado en el que instaron a las autoridades a que “la suspensión de la presencialidad escolar sea durante el menor tiempo posible”.
La noticia de la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMNA) por dos semanas desde el próximo lunes 19 de abril tomó por sorpresa a más de uno. Desde los titulares de las carteras educativas nacional y porteña, que se habían manifestado en línea con sostener la presencialidad sobre la base de los bajísimos porcentajes de contagios detectados en el ámbito educativo, pasando por los padres y hasta los especialistas en Infectología que repitieron en varias oportunidades que “las escuelas son un lugar seguro”.
En línea con el asombro colectivo, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en conjunto con Unicef emitieron este mediodía un comunicado en el que dejaron en claro que “la escuela es un lugar seguro y trabajar con niñas y niños no es un factor de riesgo”.
“Desde el comienzo del aislamiento social y la suspensión de las clases presenciales establecidas como consecuencia de la pandemia COVID 19, la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef onitoreamos con preocupación el impacto en niñas, niños y adolescentes -resalta el texto difundido a los medios-. La escuela es indispensable para su desarrollo y bienestar, para la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de aspectos psíquicos y sociales. Su ausencia genera graves consecuencias para su salud, tanto emocionales como físicas”.
Y tras asegurar que “la escuela además constituye un sitio seguro mientras sus padres, madres y cuidadores/as trabajan, contribuyendo así́ a la actividad económica de la sociedad”, los expertos remarcaron que “es una herramienta de equidad social indispensable, particularmente en los grupos sociales más vulnerables”.
La Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue ratificada por Argentina, otorgándole rango constitucional. En ella, los Estados partes reconocen el derecho de los niños, niñas adolescentes a la educación, y que la misma se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades (Art.28 CDN). “Existe consenso internacional que aún en estados de pandemia, crisis o catástrofes, el marco legal está dado por los derechos humanos. La educación es un derecho humano fundamental, que tiene como finalidad garantizar una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes del país. La plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un compromiso de toda la sociedad y debe estar permanentemente presente en la agenda de las decisiones políticas y sociales”, señalaron los especialistas, quienes instaron a las autoridades “a que esta decisión de la no presencialidad escolar por las razones epidemiológicas de público conocimiento, sea durante el menor tiempo y lo más sectorizado posible”.
En otro párrafo del documento, la SAP y Unicef “adhieren a las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas para ‘que nadie quede atrás’ y acompañan los Objetivos del Desarrollo Sustentable para el 2030, que priorizan la educación entre otros derechos”.
El aumento de los casos en las escuelas acompaña al rebrote general de la segunda ola, pero con una muy baja positivización que, según el gobierno porteño, indica que en los colegios no se está reproduciendo el coronavirus.
En comparación con el primer mes del ciclo lectivo, en el que sólo se había contagiado el 0,17% de los docentes y alumnos, entre el 17 de marzo y el 12 de abril se infectó el 0,71% de la comunidad educativa, en línea con la curva ascendente en la Ciudad. No obstante, de los casos que se aislaron preventivamente por contacto estrecho dentro de una misma burbuja, dio positivo luego sólo el 0,012%.
“La positivización de los contactos estrechos es la forma de medir si se están generando brotes en la escuela. El número se mantuvo estable respecto del reporte anterior, por lo que lo más probable es que la mayoría de los contagios de docentes y alumnos se estén generando fuera de la escuela. Por el contrario, la escuela funciona como un espacio de detección rápida que ayuda a cortar la cadena de transmisión comunitaria del virus”, remarcaron desde la cartera educativa.
Según los datos oficiales, en el segundo período analizado, los casos acumulados de COVID-19 positivos fueron 5.006 -193 por día-, lo cual representa el 0,71% del total de los 700.518 docentes, alumnos y auxiliares que asisten a las escuelas porteñas.
“Cabe destacar que ese total de 5.006 casos confirmados en el último mes se trata de casos detectados en el ámbito educativo, que no es lo mismo que decir que son contagios producidos en las escuelas”, confiaron fuentes de la cartera sanitaria a Infobae, e hicieron hincapié en que “esos casos son detectados tempranamente en el sistema educativo; en tanto los casos que se dan efectivamente en las escuelas es la tasa de reproducción dentro de la escuela y se refleja en ese 0,012%, lo que equivale a 84 casos”.
Fuente: Infobae.
