Los gastos no previstos para atender la emergencia del coronavirus por la irrupción de la segunda ola le jugarían una mala pasada al ministro de Economía, Martín Guzmán, ya que serán equivalentes a todo lo que se espera recaudar por el Aporte Solidario Extraordinario más el adicional de retenciones por la suba de los precios internacionales de las commodities.
Las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) parten de considerar ingresos adicionales por $200.000 millones en concepto de recaudación incremental por derechos de exportación no previstos en el Presupuesto, ya que cuando se elaboró la soja cotizaba en torno de los 350 dólares la tonelada, y otros $300.000 millones por el Aporte Solidario Extraordinario, tampoco contemplado en el cálculo original de la “ley de leyes”.
La suma de esos ingresos equivale a aproximadamente 1,2 punto del Producto Interno Bruto (PIB) y permitirían reducir el déficit primario del 4,2% de la última revisión presupuestaria a un 3% que dejaría a Guzmán en mejores condiciones para renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mucho más si se tiene en cuenta que ninguno de los dos recursos se coparticipa con las provincias.
Pero esas cuentas excluyen los recursos que se necesitarán para hacer frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que tampoco fue contemplada en la elaboración de un Presupuesto que no tuvo en cuenta el financiamiento de programas de emergencia. En consecuencia, el déficit se mantendría en el 4,2% según las proyecciones de la entidad dirigida por Nadín Argañaraz.
El Instituto consideró el agravamiento de la pandemia en el curso de la segunda ola y el efecto fiscal que tendrá, en función de la falta de previsiones en la elaboración del proyecto de Presupuesto presentado en septiembre del año pasado.
“A partir de mayo, dado la evolución que marca la situación sanitaria, se hizo evidente la necesidad de acompañar con medidas económicas las medidas sanitarias y restrictivas de la circulación y actividad por la llegada de una segunda ola de coronavirus”, señaló al respecto.
IARAF remarcó que con el cambio de situación “el gobierno encaró una política de ampliación de gastos sanitarios y transferencias asistenciales, que junto a la reducción del pago de ganancias personales conforman un paquete con un costo fiscal por el momento cercano a los $480 mil millones asociado a la crisis de la segunda ola, aproximadamente un 1,2% del PIB estimado para 2021”.
“El gobierno nacional presupuestó para 2021 un déficit primario del 4,2% del PIB”, reiteró la entidad, que a su vez indicó que “el achicamiento del déficit respecto a 2020, según estas proyecciones, se obtendría fruto de una mejora en la recaudación de impuestos ligados a la actividad como el IVA, y también de los derechos de exportación”.
Pero el factor fundamental para mejorar el resultado fiscal se iba a alcanzar “porque no se anticipó repetir el ‘gasto COVID’”, subrayó.
“Gastos como el IFE o el ATP de 2020 no fueron previstos en el presupuesto 2021, quizás porque se imaginó un escenario con una inmunización mucho más extendida que impediría nuevas trabas a la circulación, que ocasionen un daño significativo a la economía. Claramente no es el caso actual”, manifestó.
Pero así como fue imprevisto el agravamiento de la pandemia, también lo fue el significativo aumento de los precios internacionales de la commodities, que redundaron en un incremento de los derechos de exportación que “en todo el cuatrimestre crecieron por encima del 100% en términos reales en comparación con el primer cuatrimestre de 2020”.
Las retenciones, aclaró IARAF, “explicaron un tercio del crecimiento interanual real del total recaudado en estos primeros cuatro meses de 2021”.
“Asimismo, el presupuesto no preveía la aprobación del Aporte solidario y extraordinario, que según las cifras oficiales recaudará en todo el año aproximadamente otro 0,7% del PIB (algo menos de $300 mil millones, de los cuales según cifras oficiales ya ingresaron $223 mil millones)”.
Si se suman las dos fuentes (retenciones y Aporte Solidario), “se cuenta así con recursos ‘extra’ por 1,2% del PIB no previstos inicialmente”.
IARAF advirtió que “además de la pandemia, se tiene un calendario eleccionario”, con el riesgo de un cambio de escenario desde el punto de vista fiscal.
“La evidencia reciente indica que si hay un deterioro fuerte de la actividad fruto de nuevos cierres o nuevas olas, los ingresos fiscales sufrirán nuevamente, y no puede descartarse que el gasto corrija el rumbo actual y vuelva a mostrar un salto, sea por imperio de una nueva ola del COVID o por la aceleración del gasto en transferencias y subsidios que habitualmente acompaña en Argentina a cada año electoral”, finalizó.
Fuente: Noticias Argentinas.-
